Por Andrés Asiain
Entre rumores bursátiles, operaciones mediáticas y declaraciones de funcionarios leídas entrelíneas, la idea de un posible acuerdo con los fondos buitre fue cobrando fuerza en las últimas semanas. Sea como expresión de deseo de candidatos presidenciales sin otro plan económico que la “vuelta a los mercados” o como necesidad pragmática para garantizar una transición ordenada sin sobresaltos cambiarios, el cumplimiento de la sentencia Griesa una vez vencida la cláusula RUFO, a finales del presente año, va adquiriendo el carácter de consenso en gran parte de la dirigencia. Analicemos algunas cuestiones que pocos mencionan respecto de los costos de ese posible acuerdo, adicionales a los 15 o 20000 millones de dólares que demandaría cumplir con el fallo Griesa extendido al total de los holdouts.
Una cuestión que pocos toman en cuenta es la posibilidad de que la cláusula RUFO mantenga su peligrosidad más allá del fin de año. Esa cláusula da el derecho a los bonistas que aceptaron la quita y extensión de plazos en los canjes 2005 y 2010 de pasarse a cualquier otra oferta realizada por Argentina que consideren más favorable. Si bien vence el 31 de diciembre de 2014, el fallo Griesa fue emitido mientras se encontraba vigente. De esa manera, aunque el cumplimiento de una sentencia no es una oferta voluntaria y que la misma sea realizada una vez que la cláusula se encuentre vencida, todavía podría quedar algún resquicio legal para que un juez norteamericano “creativo” considere su validez, generando un precedente que ponga en riesgo toda la política de desendeudamiento de la última década. La creatividad de Griesa respecto de la interpretación de la cláusula pari passu es un mal precedente. [...]
Mito completo: El acuerdo con los buitres
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