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miércoles, 20 de junio de 2012

YPF o el Estado en la economía

Por Martin Burgos

Aunque la nacionalización de YPF no es la primera que realiza el gobierno, esta parece abrir un escenario nuevo en la relación entre el Estado y el mundo empresarial. En los casos anteriores, el Estado se tuvo que hacer cargo de las empresas privatizadas por la mora en los pagos de canon (Correo Argentino), por abandono de la empresa ante el conflicto por el régimen tarifario (Aguas Argentinas) o directamente por el descalabro financiero en el que se encontraba la empresa (Aerolíneas Argentinas).

A diferencia de estas, la nacionalización de YPF se realizó porque los objetivos de la empresa no eran consistentes con los del Estado nacional: se indicó que el petróleo y el gas eran “bienes estratégicos”. El concepto de bien estratégico, utilizado por primera vez y con insistencia para justificar el control estatal de YPF, no tiene definición clara y abre un debate acerca de qué bienes podrían ser definidos como “estratégicos” y en consecuencia pasar bajo el control estatal.

Lo estratégico siempre nos remite a la cuestión militar, y no es sorprendente ver en la historia económica de nuestro país que varios de los esfuerzos industriales realizados por el Estado estuvieron vinculados a necesidades militares: la industria del acero, de energía, de aviación y de vehículo automotores. En ese sentido, los bienes estratégicos podrían definirse como los que debiéramos garantizar el abastecimiento autárquico en el territorio nacional a fin de enfrentar cualquier eventualidad. Si bien esta definición puede parecer de otros tiempos, acaso no serviría para poner en debate la privatización de SOMISA?

Pero otra definición de bienes estratégicos podría encontrarse también en el ámbito civil, siendo aquellos servicios que cubren necesidades básicas de la población: agua potable, electricidad, gas natural, rutas, ferrocarriles. Ante los numerosos fracasos de las empresas privadas en el manejo de estos servicios, ¿no será hora de abrir la posibilidad de una estatización de esos servicios públicos?


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