Por Martin Burgos.
El proyecto de ley que el gobierno propone debatir en el Congreso Nacional debe interpretarse como una jugada más en la partida de ajedrez que está librando con el juez Griesa y los fondos buitre.
Conviene recordar la partida para entender el movimiento: el juez de Nueva York hizo una mala jugada comprometiendo a terceros en discordia (el 92,4% de los bonistas que habían acordado con el gobierno argentino en la reestructuración de 2005 y 2010) y, por lo tanto, provocando incertidumbre donde antes no la había.
La posición de Griesa resultó ser insostenible, ya que entorpeció toda solución posible: Argentina se vio condicionada entre la cláusula RUFO que le impide pagarles a los fondos buitre antes de fin de año, y un "default judicial" que se le impedía pagarles a la gran mayoría de los bonistas.
Pero además esa posición era insostenible porque dejaba muchos flancos al descubierto –flancos que el gobierno argentino se dispuso a aprovechar con todas sus piezas, realizando una gran tarea para conseguir apoyos en los foros internacionales, denunciando la ilegitimidad de una deuda creada "judicialmente", forzando el juez a impedir que el BoNY le pagara a los bonistas y posibilitando la demanda de esos terceros en discordia contra el banco y contra la propia sentencia de Griesa.
El proyecto de ley que el gobierno propone debatir en el Congreso Nacional debe interpretarse como una jugada más en la partida de ajedrez que está librando con el juez Griesa y los fondos buitre.
Conviene recordar la partida para entender el movimiento: el juez de Nueva York hizo una mala jugada comprometiendo a terceros en discordia (el 92,4% de los bonistas que habían acordado con el gobierno argentino en la reestructuración de 2005 y 2010) y, por lo tanto, provocando incertidumbre donde antes no la había.
La posición de Griesa resultó ser insostenible, ya que entorpeció toda solución posible: Argentina se vio condicionada entre la cláusula RUFO que le impide pagarles a los fondos buitre antes de fin de año, y un "default judicial" que se le impedía pagarles a la gran mayoría de los bonistas.
Pero además esa posición era insostenible porque dejaba muchos flancos al descubierto –flancos que el gobierno argentino se dispuso a aprovechar con todas sus piezas, realizando una gran tarea para conseguir apoyos en los foros internacionales, denunciando la ilegitimidad de una deuda creada "judicialmente", forzando el juez a impedir que el BoNY le pagara a los bonistas y posibilitando la demanda de esos terceros en discordia contra el banco y contra la propia sentencia de Griesa.
Opinión completa: No hay obligación de acatar.
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