Por Andres Asiain y Lorena Putero.
Durante la última década, el Estado ha intervenido en
forma creciente en el ámbito económico, llegando a administrar empresas
de correos, agua, el sistema de jubilaciones y pensiones, líneas
aéreas, hasta su reciente incursión en la producción de hidrocarburos.
Estos hitos de una renovada presencia estatal en la economía nacional
han generado cierto recelo en algunos sectores donde aún se encuentra
arraigado el concepto que “el Estado es mal administrador”.
Este mito, alimentado por grandes corporaciones que temen que la
intervención estatal limite su poder económico, cobró especial fuerza en
Argentina durante los años ochenta. El déficit y el mal desempeño de
las empresas de servicios públicos se debía a las bajas tarifas
aplicadas para contener la inflación y la falta de inversiones de un
Estado agobiado por las deudas heredadas del régimen militar. Sin
embargo, fue presentado a la sociedad como una muestra de la
ineficiencia de la administración pública, preparando el ambiente para
su posterior privatización. Al final, la gestión privada no tuvo los
resultados prometidos, ni en los noventa, donde primaban las elevadas
tarifas y rentabilidades, ni en la primera década del nuevo siglo,
cuando las tarifas fueron pesificadas y la rentabilidad, reducida. El
mismo recorrido fue realizado por YPF, cuya experiencia de
administración privada dejó reducidas reservas de gas natural y una
insuficiente capacidad de refinación que obligan a importar combustibles
por más de 9000 millones de dólares al año.
Mito economico: "El Estado es mal administrador".
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