Por Ernesto Mattos.
El sistema capitalista actual bajo la norma de la desregulación financiera ha generado desigualdades económicas a lo largo del planeta. Mientras 85 personas representan el 46% de la riqueza del mundo, ese 46% equivale a la riqueza que tendrían 3.5 millones de personas.
Por otro lado, The New York Times (mar-2014) publica que: “Las empresas parecen mucho más dispuestas a apilar los billetes, o usarlos para comprar más acciones, que a crear nuevas capacidades productivas”. Los activos inmateriales representaban en promedio alrededor del 5% de los activos de las compañías estadounidense en la década de 1970; en 2010 esta proporción pasó al 60% (Le Monde Diplomatique – Mar-14).
La situación parece complicarse en este comienzo de siglo con tanta desestabilización por parte de los mercados financieros en las principales economías al punto que actualmente, desde NY, se pone en duda la posibilidad de que un Estado Soberano pueda reestructura su deuda ante una crisis económico-financiera.
En el caso argentino la ruta de la reestructuración de la deuda fue la siguiente: la deuda en default en 2001 fue por u$s 81.000 millones, en marzo de 2005 el canje de deuda con acreedores privados tuvo una aceptación del 76%; en marzo de 2006 se realizo al cancelación anticipada de la deuda con el FMI por u$s 9.500 millones; para mayo de 2010 se reabrió el canje de deuda y acumulo una aceptación de más del 92%; tres años más tarde en octubre se acuerda en el CIADI con otras compañías con fallo favorable por u$s 677 millones; y durante el 2014 se realizaron los acuerdos con Repsol (marzo) por la nacionalización del 51% de YPF lo que significo unos u$s 5.000 millones y en mayo se cierra el acuerdo con el Club de París (19 países) por unos u$s 9.700 millones.
El reciente fallo del juez Griesa implica pagar unos u$s 1.500 millones lo que parece insignificante si lo comparamos con los arreglos que se hicieron con Repsol o el Club de París o la misma cancelación con el FMI. Pero la trampa del discurso que dice “hay que pagar” está en que no tiene en cuenta que ello implicaría un pago, incluyendo la totalidad de los bonos en default, de unos u$s 15.000 millones que es el equivalente al 52% de las reservas internacionales, el 20% de las exportaciones y a un aumento de $3.100 de deuda por habitante o el equivalente a 5 AUH (asignación universal por hijo/a).
Los escenarios para la Argentina son los siguientes: No pagar: a). No pagar deuda del canje lo que nos lleva al default; b). Pagar la deuda del canje (lo que se hizo el viernes pasado) entonces Griesa no permitió cobrar a los holdins y entraríamos en “default técnico”. Pero un “default técnico” deslizado por Griesa lo que confunde más la situación porque un default lo declara un Estado no un juez. Aún así ambos escenarios de no pagar nos llevarían a un riesgo de crisis. En cambio, pagar el fallo por los u$s 1.500 millones nos llevaría a desembolsar unos u$s 15.000 millones por “igual tratamiento” a todos los” holdouts” y surgirían los posibles reclamos por clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) que obligaría a la Argentina a pagar un estimativo de más de u$s 140.000 millones, lo cual representa el 73% de lo que se pago entre 2003 y 2013 por capital e intereses, de un día para otro. Esto nos empujaría a un escenario de crisis financiera-económica y social.
Por otro lado, The New York Times (mar-2014) publica que: “Las empresas parecen mucho más dispuestas a apilar los billetes, o usarlos para comprar más acciones, que a crear nuevas capacidades productivas”. Los activos inmateriales representaban en promedio alrededor del 5% de los activos de las compañías estadounidense en la década de 1970; en 2010 esta proporción pasó al 60% (Le Monde Diplomatique – Mar-14).
La situación parece complicarse en este comienzo de siglo con tanta desestabilización por parte de los mercados financieros en las principales economías al punto que actualmente, desde NY, se pone en duda la posibilidad de que un Estado Soberano pueda reestructura su deuda ante una crisis económico-financiera.
En el caso argentino la ruta de la reestructuración de la deuda fue la siguiente: la deuda en default en 2001 fue por u$s 81.000 millones, en marzo de 2005 el canje de deuda con acreedores privados tuvo una aceptación del 76%; en marzo de 2006 se realizo al cancelación anticipada de la deuda con el FMI por u$s 9.500 millones; para mayo de 2010 se reabrió el canje de deuda y acumulo una aceptación de más del 92%; tres años más tarde en octubre se acuerda en el CIADI con otras compañías con fallo favorable por u$s 677 millones; y durante el 2014 se realizaron los acuerdos con Repsol (marzo) por la nacionalización del 51% de YPF lo que significo unos u$s 5.000 millones y en mayo se cierra el acuerdo con el Club de París (19 países) por unos u$s 9.700 millones.
El reciente fallo del juez Griesa implica pagar unos u$s 1.500 millones lo que parece insignificante si lo comparamos con los arreglos que se hicieron con Repsol o el Club de París o la misma cancelación con el FMI. Pero la trampa del discurso que dice “hay que pagar” está en que no tiene en cuenta que ello implicaría un pago, incluyendo la totalidad de los bonos en default, de unos u$s 15.000 millones que es el equivalente al 52% de las reservas internacionales, el 20% de las exportaciones y a un aumento de $3.100 de deuda por habitante o el equivalente a 5 AUH (asignación universal por hijo/a).
Los escenarios para la Argentina son los siguientes: No pagar: a). No pagar deuda del canje lo que nos lleva al default; b). Pagar la deuda del canje (lo que se hizo el viernes pasado) entonces Griesa no permitió cobrar a los holdins y entraríamos en “default técnico”. Pero un “default técnico” deslizado por Griesa lo que confunde más la situación porque un default lo declara un Estado no un juez. Aún así ambos escenarios de no pagar nos llevarían a un riesgo de crisis. En cambio, pagar el fallo por los u$s 1.500 millones nos llevaría a desembolsar unos u$s 15.000 millones por “igual tratamiento” a todos los” holdouts” y surgirían los posibles reclamos por clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) que obligaría a la Argentina a pagar un estimativo de más de u$s 140.000 millones, lo cual representa el 73% de lo que se pago entre 2003 y 2013 por capital e intereses, de un día para otro. Esto nos empujaría a un escenario de crisis financiera-económica y social.
Opinión completa: Las consecuencias del fallo.
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