Por Ernesto Mattos
Las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos han comenzado a encaminarse hacia la tensión mutua. Las primeras acciones del gobierno fueron emitir la orden de que el Estados Unidos “no se dirige al pueblo venezolano sino a las personas involucradas en la erosión de los derechos humanos, persecución política, restricción a la libertad de prensa, el uso de la violencia, arresto y detención de manifestantes, así como la presencia exacerbada de la corrupción pública en ese país”. La idea de corrupción fue planteada para imponer el andamiaje jurídico, basado en una “extraterritorialidad” impuesta por Estados Unidos, un primer paso es aplicar la denominada Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IPEE) que se complementa a la “USA Patriot” o sea, esta situación actual, es de seguridad nacional. La IPEE garantiza el bloqueo de cuentas y congelamiento de transacciones económicas: es el inicio del bloqueo económico. Porque según la ley IPEE es la Secretaria de Estado la que podrá acusar y dar sentencia sobre los temas de violaciones a los derechos humanos, persecución ideológica a manifestantes y corrupción pública de funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela -desde febrero de 2014 en adelante-; por ello fue necesario sumar a la Secretaria del Tesoro para que complemente la tarea, impartida desde la casa blanca. [...]
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