Retenciones confiscatorias
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
Uno de los reclamos más salientes de la agenda empresarial de la última década ha sido la eliminación de las retenciones a la exportación de soja y maíz. Las quejas en torno de los derechos de exportación, que tuvieron su momento de mayor virulencia a comienzos de 2008, cuando las asociaciones patronales del sector no dudaron en cortar las rutas y desabastecer a las ciudades para evitar la implementación de una tasa móvil de imposición, permanecen entre líneas en las “Bases para formulación de políticas de Estado” del Foro de Convergencia Empresarial.
Desde la perspectiva empresaria, las retenciones son una confiscación del fruto del trabajo del productor, que desalienta la inversión y la producción. Esa masa de recursos indebidamente apropiados por el Estado son luego redistribuidos a los pobres a través de asignaciones, jubilaciones y contratación de empleados públicos, constituyendo la base clientelar que permite al oficialismo realizar masivas movilizaciones y obtener mayorías electorales.
Desde la otra vereda, se responde que las retenciones gravan centralmente la renta de la tierra y a los sectores más concentrados, que no sólo permiten que el Estado recaude y financie obras públicas en todo el país a través del Fondo Federal, sino que también reducen la presión sobre el costo de producción de los alimentos, especialmente en materia de arriendos, que en muchos casos se encuentran valuados en quintales de soja. De esa manera, se evita una presión extra sobre los ya elevados precios internos de los alimentos, relajando la puja salarial y los reclamos empresariales por la devaluación del cambio oficial.
Mito completo: La tierra y la rentabilidad extraordinaria.
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