De dónde venimos
El proceso de privatizaciones y desregulación económica llevado acabo a lo largo de la década del noventa supuso profundas transformaciones en el sector energético y, en particular en la producción de hidrocarburos. La privatización, y posterior traspaso de YPF al capital extranjero, fue presentada como la solución definitiva a los problemas de abastecimiento energético que históricamente había enfrentado nuestro país.
Si bien la desregulación llevada adelante a lo largo de la década del noventa permitió un incremento transitorio en los niveles de producción, producto de la extraordinaria rentabilidad que adquirió la producción petrolera, la falta de inversión en exploración y la característica predatoria sobre los recursos disponibles que adquirió la producción durante ese período condicionó sensiblemente el autoabastecimiento energético en la década siguiente.
En los años noventa, la industria petrolera se desarrolló bajo un esquema cortoplacista en el marco del proceso de desindustrialización más agudo que sufrió nuestro país. El incremento en los niveles de producción y las crecientes exportaciones de petróleo y gas se sostuvieron sobre dos pilares centrales. En primer lugar, en el aprovechamiento de las reservas descubiertas en el período previo, en su inmensa mayoría por la YPF estatal. En segundo lugar, por el estancamiento de la demanda energética interna, ante el desmantelamiento del tejido productivo local, proceso que posibilitó la existencia de crecientes excedentes para la exportación.
De esta forma, el esquema energético heredado del período neoliberal sólo era sustentable mientras duraran las reservas descubiertas por la YPF estatal y siempre y cuando la demanda energética interna no se expandiera significativamente, esto último garantizado por un agudo proceso de desmantelamiento de los sectores productivos. Por lo tanto, la falta de inversiones en exploración se manifestaría una década más tarde cuando se inició uno de los períodos de crecimiento económico más notables de la historia argentina.
Efectivamente, la instauración de un nuevo modelo productivo sustentado en el desarrollo de los sectores productores de bienes y en la inclusión de amplias franjas de la población puso en evidencia los déficits de inversión de la etapa previa y la necesidad de garantizar el autoabastecimiento en materia energética. En este marco, los recursos energéticos volvieron a considerarse como un activo estratégico para garantizar un desarrollo sustentable e inclusivo en el largo plazo.
A lo largo de la última década el Estado Nacional ha implementado un conjunto de medidas tendiente a garantizar el abastecimiento del mercado interno, incentivando la producción y la exploración en materia hidrocarburífera. Dichas medidas tuvieron como objetivo lograr, por un lado, un crecimiento en los niveles de producción de hidrocarburos, reduciendo de esa manera su impacto deficitario en la balanza comercial, y al mismo tiempo expandir las reservas en gas y petróleo a través de mayores inversiones en exploración.
Hacia dónde vamos
En el marco de la profundización del proceso de crecimiento con inclusión social, en el último año se destacan una serie de medidas que transformaron sustancialmente la anatomía del sector hidrocarburífero:
- La Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que dio lugar a la recuperación deYPF, principal empresa energética de la Argentina.
- La implementación del “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Resolución 1/2013).
- El “Régimen de Promoción para la Explotación de Hidrocarburos” (Decreto929/2013).
La trayectoria expansiva que ha presentado la demanda de energía desde 2003 a la fecha requiere de una activa intervención del Estado para garantizar una expansión sustentable de la oferta de hidrocarburos. En este marco, se implementaron planes de incentivos, los cuales fueron condicionados a la obtención de metas de producción. Es decir, a diferencia de la década del noventa cuando los incentivos se otorgaban sin contrapartida, hoy se confieren con condiciones establecidas por el Estado Nacional.
En este sentido, el Régimen de Promoción para la Explotación de Hidrocarburos contempla el otorgamiento de beneficios condicionados a la realización de inversiones significativas -más de USD 1.000 millones- y al cumplimiento de metas de inversión para cada uno de los proyectos que se presenten. En este contexto, YPF S.A presentó un proyecto que en su primera etapa prevé inversiones por más de USD 1.200 millones, en asociación con CHEVRON, para el desarrollo del área E. Mosconi que representa el 1,3% de la formación Vaca Muerta.
La asociación con el capital extranjero para el desarrollo de áreas estratégicas, ya había sido contemplada en la ley de Soberanía Hidrocarburífera, que establecía como uno de sus objetivos la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Se debe destacar que la experiencia internacional indica que prácticamente no hay empresa estatal de petróleo que no esté asociada con capitales extranjeros para la explotación de los recursos hidrocarburíferos, tal es el caso de Venezuela y Rusia, entre otros.
Este tipo de asociaciones estratégicas son aún más relevantes en el caso del desarrollo de hidrocarburos no convencionales, que requieren de un elevadísimo nivel de inversiones y la utilización de tecnologías de punta.
En acuerdo entre YPF y Chevron se basa en una asociación equitativa en donde la primera pone el área y el trabajo, y la segunda el capital inicial. Se debe destacar que la operación del área será realizada por YPF y esto permitirá que la empresa con mayoría accionaria estatal capitalice el conocimiento y el uso de las tecnologías líderes en extracción de recursos no convencionales. Además, el hecho de que el área sea operada por una empresa nacional con control estatal, es ungesto de confianza hacia el país de parte de una de las empresas líderes a nivel mundial en la explotación de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales.
Si se cumplen las expectativas, la explotación de esta área (que sólo representa el 1,3% del yacimiento Vaca Muerta) va a significar un aumento muy importante en la producción de YPF, permitiendo revertir la declinación que experimenta su producción tras años de desinversión en exploración y explotación por parte de Repsol. En efecto, se prevé que una vez que el proyecto alcance su máximo nivel de producción -a partir del quinto año- la producción de petróleo del proyecto representará el 32,9% de la producción actual de YPF. En tanto, que en el caso del gas representará un 9,3%.
En los últimos días, desde diversos ámbitos se ha sostenido que las políticas encaradas por el Estado Nacional en materia hidrocarburífera han determinado un nuevo proceso de extranjerización del sector. Sin embargo, la realidad parece desmentir estas afirmaciones mientras que en el 2003 el 89% de la producción petrolera estaba en manos de empresas de origen extranjero, dicho porcentaje se había reducido al 48% en 2012 gracias a la recuperación de YPF. En el caso de la producción gasífera la tendencia es similar, puesto que mientras que en el 2003 el 80% de la producción correspondía a empresas extranjeras, en 2012 dicha incidencia se había reducido hasta el 63%.
En síntesis, el acuerdo suscripto entre YPF y Chevron forma parte del conjunto de medidas promovidas por el Estado Nacional tendientes a transformar estructuralmente el sector energético a fin de garantizar el autoabastecimiento energético, en el marco del proceso de reindustrialización que transita nuestro país.
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