Por Sebastian Premici.
Soja
Luego del conflicto por las retenciones móviles, el gobierno nacional creó el Fondo Federal Solidario, que toma el 30 por ciento de las retenciones a la soja y lo distribuye directamente a las provincias, bajo el esquema de coparticipación.
Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura para la campaña 2013/2014, los ingresos por retenciones a la soja serían de 55.600 millones de pesos. De ese total, el 30 por ciento se destinará a las provincias, es decir un total de 16.700 millones. Un estudio elaborado por la Gran Makro determinó que si estuvieran vigentes las retenciones móviles, al mismo tiempo que el Fondo Federal Solidario, las provincias hubieran recibido, entre marzo de 2009 y abril de 2013, 6081 millones de pesos más.
“Frente a los desbalances de la economía, el Estado tiene que regular, distribuyendo las rentabilidades de los sectores económicos o en este caso los superávit de un sector que tiene baja presión impositiva y que ha logrado reducir los derechos de exportación en casos como el trigo y que ahora pide la eliminación de las retenciones, lo que hará que se incremente aún más este desbalance”, señaló Ernesto Mattos, del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges) y Jauretche.
“Más allá de situaciones puntuales, el problema de fondo es la racionalización de un sector que no quiere contribuir a un proyecto colectivo. A los que les va bien, quieren quedarse con toda la renta y que la Nación se quede sin recursos. La propuesta de eliminar las retenciones al trigo es inaceptable, por su fuerte impacto en los precios internos de los alimentos”, consideró ante Página/12 el economista Ricardo Aronskind, de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Para el economista de la Gran Makro, Federico Vaccarezza, magister en relaciones comerciales internacionales de la Untref, la discusión de fondo pasa por la potestad regulatoria del Estado. Desde este espacio elaboraron un proyecto para crear una unidad con capacidad de compra y venta de granos, al estilo de la vieja Junta Nacional de Granos, que le permita al Estado negociar directamente con otros Estados la colocación de los granos de exportación y productos elaborados.
Luego del conflicto por las retenciones móviles, el gobierno nacional creó el Fondo Federal Solidario, que toma el 30 por ciento de las retenciones a la soja y lo distribuye directamente a las provincias, bajo el esquema de coparticipación.
Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura para la campaña 2013/2014, los ingresos por retenciones a la soja serían de 55.600 millones de pesos. De ese total, el 30 por ciento se destinará a las provincias, es decir un total de 16.700 millones. Un estudio elaborado por la Gran Makro determinó que si estuvieran vigentes las retenciones móviles, al mismo tiempo que el Fondo Federal Solidario, las provincias hubieran recibido, entre marzo de 2009 y abril de 2013, 6081 millones de pesos más.
“Frente a los desbalances de la economía, el Estado tiene que regular, distribuyendo las rentabilidades de los sectores económicos o en este caso los superávit de un sector que tiene baja presión impositiva y que ha logrado reducir los derechos de exportación en casos como el trigo y que ahora pide la eliminación de las retenciones, lo que hará que se incremente aún más este desbalance”, señaló Ernesto Mattos, del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges) y Jauretche.
“Más allá de situaciones puntuales, el problema de fondo es la racionalización de un sector que no quiere contribuir a un proyecto colectivo. A los que les va bien, quieren quedarse con toda la renta y que la Nación se quede sin recursos. La propuesta de eliminar las retenciones al trigo es inaceptable, por su fuerte impacto en los precios internos de los alimentos”, consideró ante Página/12 el economista Ricardo Aronskind, de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Para el economista de la Gran Makro, Federico Vaccarezza, magister en relaciones comerciales internacionales de la Untref, la discusión de fondo pasa por la potestad regulatoria del Estado. Desde este espacio elaboraron un proyecto para crear una unidad con capacidad de compra y venta de granos, al estilo de la vieja Junta Nacional de Granos, que le permita al Estado negociar directamente con otros Estados la colocación de los granos de exportación y productos elaborados.
Nota completa: Miles de millones para el sector rural.
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