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jueves, 8 de agosto de 2013

En Diario Andino Digital: Una reflexión sobre la nueva política de hidrocarburos.

Ante el anuncio puesto de manifiesto por el concejal Gustavo Zwanck, sobre la declaración de rechazo del acuerdo suscripto entre YPF-CHEVRON

El Ateneo del Bicentenario de Villa La Angostura hace llegar a la opinión pública, el documento especialmente escrito por el Economista Andrés Asían, para esta oportunidad y para la Cátedra Libre del Pensamiento Nacional, sobre la nueva política de hidrocarburos.

En los años noventa la política de desregulación y privatización del sector de hidrocarburos fue promovida con promesas de crecientes inversiones, producción y bienestar. En las provincias donde se encuentran los yacimientos, se promocionó la provincialización de los recursos en el marco de la reforma constitucional de 1994, como una forma en que la riqueza del sector derramaría en su lugar de origen. Sin embargo, los resultados alcanzados por esas políticas fueron muy diferentes a los prometidos.
La gestión privada dio lugar al cierre de talleres, centros de investigación, de refinación y otras áreas que pasaron a ser provistos desde el exterior, sembrando el desempleo y la pobreza en ciudades petroleras que se tornaron inviables, bajo la mirada de un Estado Nacional que respondía a los reclamos de sus pobladores con el envío de la gendarmería. La provincialización de los recursos debilitó al Estado en su capacidad de negociación, fomentando la competencia a la baja entre las provincias en favor de la atracción de inversiones, terminando en concesiones cada vez mayores a favor de las empresas extranjeras. En ese contexto, las multinacionales del sector, priorizaron la explotación intensiva de las reservas descubiertas por la ex empresa estatal, generando un incremento de corto plazo en la producción y la exportación a costa de las reservas existentes. Esa política, ante la reactivación de la demanda interna de energía producto de la expansión de la producción y el consumo de la última década, derivó en el faltante actual de hidrocarburos que obliga a la economía nacional a importaciones de combustibles del orden de los u$10.000 millones (una cifra que pone en peligro la vialidad del crecimiento económico).
 
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