La argentina venia de una estabilidad social y de precios hasta noviembre de 2015, un desempleo cercano al pleno empleo, una variación de precios que habían alcanzado el 35% con la devaluación de enero de 2014 pero que fue contenida por el gobierno con una mayor regulación de los precios acordando con las diferentes empresas (comercializadoras, distribuidoras) la evolución de los mismos, llegando a noviembre del año pasado, a estabilizarse en un 25%. Esto fue posible, porque acompañado de la devaluación el Estado incremento su gasto público: realizo transferencias corrientes hacia los sectores de más bajos ingresos –gastan el 75% de su salario en alimentos y transporte- y mantuvo el poder adquisitivo para evitar que el alza de precios fuera absorbidos por ellos.
