Por Andrés Asiain.
La reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires, con su propuesta de revaluación de las propiedades rurales y el esperable incremento en la recaudación del impuesto inmobiliario rural, puso otra vez en escena el debate sobre la distribución de la renta agrícola en la Argentina.
La valoración de los campos en la provincia de Buenos Aires ha sido incesante en los últimos años. Según indica el investigador Ernesto Mattos, en un informe titulado Carga tributaria provincia de Buenos Aires, el valor de la hectárea agrícola pasó, en los últimos diez años, de 3000 a 17.100 dólares, o bien de 13.500 a cerca de 80 mil pesos. Mientras las propiedades incrementaban su valor en dólares 5,7 veces, y en pesos unas 6 veces, el valor fiscal de las mismas permaneció sin cambios, con la consiguiente reducción real de la recaudación del impuesto inmobiliario rural.
Según Nicolás Zeolla en su trabajo La renta para el cultivo de Soja en la Argentina, muestra que aún después del establecimiento de retenciones a la exportación, la renta promedio por hectárea cosechada de soja pasó de 80 dólares a cerca de 500 en los últimos diez años. El origen de ese incremento es externo y totalmente fortuito. El elevado valor de las propiedades se debe, básicamente, a un espectacular incremento en el precio internacional de la soja, el trigo y el maíz. La soja que cotiza hoy en el mercado de Chicago a 528 dólares, valía 177 dólares en mayo del 2002. En ese mismo lapso el trigo pasó de 122 dólares a 241, y el maíz de 90 a 246. Detrás de ese espectacular precio de las materias primas se encuentra la demanda especulativa, que según el economista Randall Wray de la Universidad de Missouri (Kansas City, EE UU), es realizada en un 85% por fondos de inversión norteamericanos, que no encuentran otras colocaciones rentables en el actual contexto de crisis internacional.
