La producción agropecuaria es estratégica porque garantiza la provisión de alimentos para la población. Por ese motivo es de interés general la disponibilidad y acceso de esos bienes. El carácter esencial de esa actividad explica que ante fenómenos climáticos adversos (sequías o inundaciones) se declare la emergencia agropecuaria. Ante una situación de daño al campo dedicado al agro o ganadería, una ley nacional dispone que los gobiernos de las provincias afectadas deben primero declarar la emergencia o desastre para luego disponerlo el Poder Ejecutivo, que está facultado a ordenar una serie de medidas impositivas, fiscales y financieras para proteger y resarcir al productor. Ninguna otra actividad económica posee ese marco de cobertura estatal y lo tiene por la condición de ser clave para la economía y la sustentabilidad social entregada por la soberanía alimentaria. Si la producción agropecuaria es de interés general cuando enfrenta una coyuntura de emergencia, también lo debería ser cuando registra momentos de bonanzas o se verifican políticas de retención de cosecha afectando la disponibilidad de divisas perturbando la estabilidad financiera y social.
Acopio
Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz estima que, de acuerdo a datos oficiales en base a los embarques, procesamiento de la industria y habilitación de registros de exportación (ROE), todavía restaría por comercializar entre 42 y 52 por ciento de la cosecha de soja 2013/14. Calcula que el acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares. El documento evalúa que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios”.
Los autores de la investigación, los economistas Nicolás Hernán Zeolla y Ernesto Mattos, plantean la necesidad de la intervención del Estado para beneficiar a pequeños productores que no tienen espalda financiera para acopiar, y a la vez para ordenar el frente cambiario. “La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, señalan.
Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz estima que, de acuerdo a datos oficiales en base a los embarques, procesamiento de la industria y habilitación de registros de exportación (ROE), todavía restaría por comercializar entre 42 y 52 por ciento de la cosecha de soja 2013/14. Calcula que el acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares. El documento evalúa que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios”.
Los autores de la investigación, los economistas Nicolás Hernán Zeolla y Ernesto Mattos, plantean la necesidad de la intervención del Estado para beneficiar a pequeños productores que no tienen espalda financiera para acopiar, y a la vez para ordenar el frente cambiario. “La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, señalan.
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