Por Andrés Asiain.
La construcción de un nuevo índice de precios al consumidor muestra que ha sido más efectivo el apuro por conseguir el aval del FMI para obtener acceso a los mercados de crédito externo, que la presión ejercida durante siete años por trabajadores del Indec, especialistas de universidades nacionales, la prensa opositora (y parte de la afín), tenedores de bonos atados a la inflación, sindicatos, empresarios y gran parte de la opinión popular.
En ese sentido, es un final acorde con una medida que, si bien pudo
tener como justificativo el ahorro de intereses por bonos públicos
atados a la inflación (unos $ 19.800 millones cada 10 puntos de
inflación), generó un costo político interno muy elevado.
El hecho de que las estadísticas oficiales no reflejaran los
aumentos de los precios provocó la derrota comunicacional del
oficialismo en torno de las causas de la inflación y le regaló a la
oposición política y económica un espacio para poner en duda cada uno de
los innumerables logros económicos de la última década.
Como no hay mal que por bien no venga, la construcción de un nuevo
índice (aunque sea por la presión del FMI) puede contribuir a revertir
esos cuestionamientos y hacer visible la mejora de las condiciones de
vida de los argentinos lograda en los últimos años.
Además, puede ser útil como herramienta de política económica,
especialmente para medir los resultados de los controles y
congelamientos de precios, y poder utilizarlos como herramientas para
desinflar expectativas inflacionarias.
Opinión completa: Un final acorde.
