Nuestro objetivo:
La cátedra nacional de economía política Arturo Jauretche busca recuperar la experiencia de las Cátedras Nacionales de los años setenta para pensar en clave nacional los grandes problemas económicos del país.
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lunes, 27 de octubre de 2014
En DiarioBAE: El cuadrilátero Estados Unidos, Cuba, Brasil y Argentina
Por Ernesto Mattos
Existen tres libros necesarios para tener un acercamiento y comprensión del rol que cumple Brasil en la región, la “La formación de los Estados en la cuenca del Plata”; “La formación del Imperio Americano” y “Argentina, Brasil y Estados Unidos” del autor Luiz Alberto Moniz Bandeira. Este autor tiene una mirada compleja y completa del proceso de la Cuenca del Plata y su relación con los imperios británicos y norteamericano, sin dejar de lado la importancia de Cuba y otras naciones. Ahora ¿Qué estuvo en juego en la segunda vuelta en Brasil? Estuvo en juego la último década del proceso social en Brasil, la disputa de dos proyectos de nación que tienen una política exterior diferente: una de alineación a la Alianza del Pacifico (Chile, Perú, Colombia y México) y la otra cercana a fortalecer el Mercosul, Unasur y Celac. Pero la primera a su vez asume otros riesgos para la región, el pasado junio India dio por cerrada las negociaciones de la OMC con respecto a las cuestiones agrícolas, con ello, sentencio a la ronda de Doha.
Pero como reacción apareció desde Washington dos propuestas, necesarias para concretar un área de libre comercio más amplia que el ALCA, la primera es el Tratado de Comercio e Inversiones UE-EUA y la segunda el Acuerdo Transpacífico de Cooperación entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Malasia, Perú, Vietman, Canadá y México y Estados Unidos. El primer acuerdo sirve para asegurar el mercado europeo y el segundo tiene el mismo sentido con respecto al mercado asiático y común competidor, China. Esta es la relevancia de los resultados en Brasil, si hubiera ganado Aecio hubiéramos estado a un paso de conformación de área libre comercio que pondría en peligro el proyecto de la Celac y la Unasur, principalmente.
Nota de opinión completa: El cuadrilátero Estados Unidos, Cuba, Brasil y Argentina
Mito económico (Página12-Cash): El plan de ajuste de economistas ortodoxos.
Por Andrés Asiain.
En una reciente nota publicada en el diario La Nación, un economista ultraortodoxo plantea al “cepo cambiario de octubre de 2011” como “una nueva y enésima ruptura del derecho de propiedad (el derecho de la gente a atesorar dólares)”. Esa medida habría generado “un contexto de gran desconfianza” por el que “la gente comenzó a dolarizar lo poco o mucho de su patrimonio”. El mediático economista liberal propone como única alternativa para terminar con las presiones cambiarias que jaquean a la economía nacional: “Un plan antiinflacionario de ajuste monetario y del gasto público que sea duro, sólido y creíble”. Ese plan opositor ya cuenta con la venia del sindicalista Hugo Moyano, quien manifestó su predisposición a acompañar con “responsabilidad el futuro gobierno” que “como van las cosas, va a tener que producir ajustes muy duros”.
Más allá del particular constitucionalismo de ese economista que equipara el derecho de propiedad con una política de desregulación cambiaria, en su análisis pasa por alto que la dolarización del patrimonio de “la gente” anticipó temporalmente al “cepo”. Fue justamente la masiva fuga de capitales que superaba los 3000 millones de dólares mensuales en septiembre de 2011 y acumulaba unos 79.000 millones de dólares desde su comienzo en 2007 la que motivó la imposición de restricciones a la compra de dólares. Se puede estar de acuerdo o no con la medida debatiendo su efectividad para terminar con la corrida, pero no se la puede responsabilizar de ser impulsora de un hecho que la antecedió y justificó. Ese error de diagnóstico, puede llevar a sugerir que la incertidumbre cambiaria y la fuga de capitales podrían solucionarse levantando el “cepo”. Por el contrario, el resultado más probable de semejante medida sería acelerar la pérdida de reservas derivando en una suba descontrolada del dólar oficial de consecuencias desestabilizadoras.
En una reciente nota publicada en el diario La Nación, un economista ultraortodoxo plantea al “cepo cambiario de octubre de 2011” como “una nueva y enésima ruptura del derecho de propiedad (el derecho de la gente a atesorar dólares)”. Esa medida habría generado “un contexto de gran desconfianza” por el que “la gente comenzó a dolarizar lo poco o mucho de su patrimonio”. El mediático economista liberal propone como única alternativa para terminar con las presiones cambiarias que jaquean a la economía nacional: “Un plan antiinflacionario de ajuste monetario y del gasto público que sea duro, sólido y creíble”. Ese plan opositor ya cuenta con la venia del sindicalista Hugo Moyano, quien manifestó su predisposición a acompañar con “responsabilidad el futuro gobierno” que “como van las cosas, va a tener que producir ajustes muy duros”.
Más allá del particular constitucionalismo de ese economista que equipara el derecho de propiedad con una política de desregulación cambiaria, en su análisis pasa por alto que la dolarización del patrimonio de “la gente” anticipó temporalmente al “cepo”. Fue justamente la masiva fuga de capitales que superaba los 3000 millones de dólares mensuales en septiembre de 2011 y acumulaba unos 79.000 millones de dólares desde su comienzo en 2007 la que motivó la imposición de restricciones a la compra de dólares. Se puede estar de acuerdo o no con la medida debatiendo su efectividad para terminar con la corrida, pero no se la puede responsabilizar de ser impulsora de un hecho que la antecedió y justificó. Ese error de diagnóstico, puede llevar a sugerir que la incertidumbre cambiaria y la fuga de capitales podrían solucionarse levantando el “cepo”. Por el contrario, el resultado más probable de semejante medida sería acelerar la pérdida de reservas derivando en una suba descontrolada del dólar oficial de consecuencias desestabilizadoras.
Mito completo: El plan de ajuste de economistas ortodoxos.
En el Suple-Eco (Tiempo Argentino): Similitudes y diferencias.
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Exportaciones,
externa,
Importaciones,
restricción,
Soja
Por Martín Burgos.
Argentina entró desde hace dos años ya en una restricción externa implícita, que obliga al gobierno nacional a tomar medidas frente a la merma que está conociendo en su nivel de reservas. Si bien la tendencia se pudo revertir en el segundo trimestre de este año, la situación de hoy nos obliga a realizar comparaciones respecto de lo ocurrido el año pasado en la misma época del año.
Por un lado, la caída de los precios internacionales de petróleo es una buena noticia, dado que esto implicaría un menor gasto en importaciones en un rubro clave.
A eso le tenemos que agregar que la menor actividad económica local e internacional afectaría tanto las exportaciones como las importaciones de nuestros productos.
En lo comercial, pareciera que lo más preocupante es la caída de los precios de la soja que exportamos, que vale mucho menos que el año pasado.
En ambos casos el reflejo de los exportadores y los dueños parece ser la misma: retener soja, que algunos cálculos afirman que llegaría a la mitad de la cosecha.
Argentina entró desde hace dos años ya en una restricción externa implícita, que obliga al gobierno nacional a tomar medidas frente a la merma que está conociendo en su nivel de reservas. Si bien la tendencia se pudo revertir en el segundo trimestre de este año, la situación de hoy nos obliga a realizar comparaciones respecto de lo ocurrido el año pasado en la misma época del año.
Por un lado, la caída de los precios internacionales de petróleo es una buena noticia, dado que esto implicaría un menor gasto en importaciones en un rubro clave.
A eso le tenemos que agregar que la menor actividad económica local e internacional afectaría tanto las exportaciones como las importaciones de nuestros productos.
En lo comercial, pareciera que lo más preocupante es la caída de los precios de la soja que exportamos, que vale mucho menos que el año pasado.
En ambos casos el reflejo de los exportadores y los dueños parece ser la misma: retener soja, que algunos cálculos afirman que llegaría a la mitad de la cosecha.
Nota de opinión: Similitudes y diferencias.
En el Suple-Eco (Tiempo Argentino): Avanza la estrategia del gobierno para consolidar el sector externo hacia 2015
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CIADI,
dólares,
RUFO,
vencimientos
Por Federico Schmalen
Los vencimientos de deuda hasta fin de año suman algo menos que 1500 millones de dólares, que equivalen a las liquidaciones extraordinarias que se lograron con el compromiso de las cerealeras. Las presiones cambiarias se han reducido.
Con el acuerdo sellado con las cerealeras el pasado miércoles el gobierno habría logrado dar un paso clave en su estrategia para poner un coto a los embates sobre el mercado cambiario y controlar la situación financiera, al menos, hasta la fecha clave de fin de año.
Es que, la impasse creada por la actitud de la Corte Suprema de los Estados Unidos frente al fallo Griesa que obligó un paréntesis en el camino que había adoptado el gobierno a partir de los acuerdos con el CIADI, el Club de París y Repsol, está cada vez más cerca de una instancia de resolución.
Faltan sólo 45 días hábiles para que la mentada cláusula RUFO expire y esto permita al gobierno desvincular la negociación directa que pueda desenvolver con los buitres vinculados al fallo del juez de Nueva York con el conjunto de la deuda reestructurada entre 2005 y 2010.
Según Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, "El bono dollar linked impulsa las liquidaciones porque los pesos que obtienen tiene posibilidad de ser reinvertidos en una opción que cubre los riesgos de una futura devaluación. Así no pierden rentabilidad. El objetivo es el de evitar la profecía autocumplida, de generar expectativas que lleven a la compra de dólares y que fuercen una devaluación", explicó.
Las obligaciones de deuda según los distintos vencimientos de acá a fin de año equivalen a poco menos de 1500 millones de dólares, una cifra similar a la liquidación extraordinaria que se obtendrá a partir del acuerdo.
Los vencimientos de deuda hasta fin de año suman algo menos que 1500 millones de dólares, que equivalen a las liquidaciones extraordinarias que se lograron con el compromiso de las cerealeras. Las presiones cambiarias se han reducido.
Con el acuerdo sellado con las cerealeras el pasado miércoles el gobierno habría logrado dar un paso clave en su estrategia para poner un coto a los embates sobre el mercado cambiario y controlar la situación financiera, al menos, hasta la fecha clave de fin de año.
Es que, la impasse creada por la actitud de la Corte Suprema de los Estados Unidos frente al fallo Griesa que obligó un paréntesis en el camino que había adoptado el gobierno a partir de los acuerdos con el CIADI, el Club de París y Repsol, está cada vez más cerca de una instancia de resolución.
Faltan sólo 45 días hábiles para que la mentada cláusula RUFO expire y esto permita al gobierno desvincular la negociación directa que pueda desenvolver con los buitres vinculados al fallo del juez de Nueva York con el conjunto de la deuda reestructurada entre 2005 y 2010.
Según Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, "El bono dollar linked impulsa las liquidaciones porque los pesos que obtienen tiene posibilidad de ser reinvertidos en una opción que cubre los riesgos de una futura devaluación. Así no pierden rentabilidad. El objetivo es el de evitar la profecía autocumplida, de generar expectativas que lleven a la compra de dólares y que fuercen una devaluación", explicó.
Las obligaciones de deuda según los distintos vencimientos de acá a fin de año equivalen a poco menos de 1500 millones de dólares, una cifra similar a la liquidación extraordinaria que se obtendrá a partir del acuerdo.
En Tiempo Argentino: El futuro del Mercosur, en juego.
Por Mariano Beristain
Los comicios en Brasil delinean el futuro del modelo socioeconómico inclusivo que ha regido buena parte de América Latina en los últimos tres lustros. La presidencia de Dilma ha continuado, en general, el camino de Lula y del kirchnerismo en la Argentina, asociado al desarrollo del mercado interno, la reducción de la brecha entre ricos y pobres y una mayor autonomía de los organismos financieros internacionales. "El triunfo de Dilma tiene muchos puntos en común con el modelo que adoptó la Argentina a partir del triunfo de Kirchner", reconoce Adriano De Fina, gerente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA). Sin embargo, estas elecciones también son clave para la Argentina, porque además de tratarse del primer socio político y comercial, a ambos países los unen los mismos desafíos, dificultades y virtudes.
"Brasil en lugar de potenciar al Mercosur a través de su comercio exterior financió con la región el déficit comercial que tiene con otras potencias del mundo. Esto obviamente genera reacciones en otros países como la Argentina que cierra las fronteras para preservar su producción", explica el economista y profesor de la UBA, Andrés Asiaín. En otras palabras, la política de Brasil tiende a trasladarle parte de los efectos de la crisis internacional a la Argentina y otras naciones del universo Mercosur.
Los comicios en Brasil delinean el futuro del modelo socioeconómico inclusivo que ha regido buena parte de América Latina en los últimos tres lustros. La presidencia de Dilma ha continuado, en general, el camino de Lula y del kirchnerismo en la Argentina, asociado al desarrollo del mercado interno, la reducción de la brecha entre ricos y pobres y una mayor autonomía de los organismos financieros internacionales. "El triunfo de Dilma tiene muchos puntos en común con el modelo que adoptó la Argentina a partir del triunfo de Kirchner", reconoce Adriano De Fina, gerente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA). Sin embargo, estas elecciones también son clave para la Argentina, porque además de tratarse del primer socio político y comercial, a ambos países los unen los mismos desafíos, dificultades y virtudes.
"Brasil en lugar de potenciar al Mercosur a través de su comercio exterior financió con la región el déficit comercial que tiene con otras potencias del mundo. Esto obviamente genera reacciones en otros países como la Argentina que cierra las fronteras para preservar su producción", explica el economista y profesor de la UBA, Andrés Asiaín. En otras palabras, la política de Brasil tiende a trasladarle parte de los efectos de la crisis internacional a la Argentina y otras naciones del universo Mercosur.
Nota completa: El futuro del Mercosur, en juego.
domingo, 26 de octubre de 2014
En Tiempo Argentino: Operativo retorno y un debate para frustrarlo.
Por Andrés Asiain.
Los intereses que a su vez son patrocinantes del ex superministro buscan reinstalar su figura en la sociedad argentina como la de un especialista capaz de resolver complejos problemas económicos que nos asedian.
La figura de Domingo Cavallo reaparece sistemáticamente en la historia de la deuda externa argentina de las últimas décadas. Desde su primera intervención como presidente del Banco Central, cuando los bancos y grupos económicos que habían tomado deuda en dólares se la transfirieron al Estado en medio de la crisis de "la tablita cambiaria" de Martínez de Hoz, pasando por la restructuración de la deuda en el marco del Plan Brady, ya como ministro de Economía de Menem a comienzos de los noventa. Así, hasta llegar a la firma del Megacanje como ministro de De la Rúa, maniobra mediante la cual algunos bancos prepararon su retirada ante el inminente colapso de la "Convertibilidad".
Quienes somos poco propensos a creer en las casualidades, semejante historial nos lleva a pensar en los motivos de su reciente reaparición en la escena política argentina. Lejos de la inocente presentación de un libro, la maratónica presencia en universidades, sociedades empresariales y medios de comunicación, coronada por la limpieza de pasivos judiciales que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital, los intereses patrocinantes del ex superministro buscan reinstalar en la sociedad argentina su figura como la de un especialista capaz de resolver los complejos problemas económicos que nos asedian.
La coincidencia de ese "operativo retorno" con el fallo judicial Griesa que intenta jaquear la reestructuración y quita de deuda obtenidas en 2005 y 2010 parece indicar que ciertos intereses permanentes que se encuentran detrás de la historia del endeudamiento de nuestro país están preparando una nueva renegociación de la deuda más favorable a sus intereses. En ese potencial escenario de otra restructuración de la deuda realizada por un nuevo gobierno más "amigable con los mercados", la figura de Cavallo surge como el poseedor del know how para su realización: un "saber hacer" que la historia indica favorable a los intereses de los acreedores, y perjudicial para los de nuestra sociedad.
La figura de Domingo Cavallo reaparece sistemáticamente en la historia de la deuda externa argentina de las últimas décadas. Desde su primera intervención como presidente del Banco Central, cuando los bancos y grupos económicos que habían tomado deuda en dólares se la transfirieron al Estado en medio de la crisis de "la tablita cambiaria" de Martínez de Hoz, pasando por la restructuración de la deuda en el marco del Plan Brady, ya como ministro de Economía de Menem a comienzos de los noventa. Así, hasta llegar a la firma del Megacanje como ministro de De la Rúa, maniobra mediante la cual algunos bancos prepararon su retirada ante el inminente colapso de la "Convertibilidad".
Quienes somos poco propensos a creer en las casualidades, semejante historial nos lleva a pensar en los motivos de su reciente reaparición en la escena política argentina. Lejos de la inocente presentación de un libro, la maratónica presencia en universidades, sociedades empresariales y medios de comunicación, coronada por la limpieza de pasivos judiciales que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital, los intereses patrocinantes del ex superministro buscan reinstalar en la sociedad argentina su figura como la de un especialista capaz de resolver los complejos problemas económicos que nos asedian.
La coincidencia de ese "operativo retorno" con el fallo judicial Griesa que intenta jaquear la reestructuración y quita de deuda obtenidas en 2005 y 2010 parece indicar que ciertos intereses permanentes que se encuentran detrás de la historia del endeudamiento de nuestro país están preparando una nueva renegociación de la deuda más favorable a sus intereses. En ese potencial escenario de otra restructuración de la deuda realizada por un nuevo gobierno más "amigable con los mercados", la figura de Cavallo surge como el poseedor del know how para su realización: un "saber hacer" que la historia indica favorable a los intereses de los acreedores, y perjudicial para los de nuestra sociedad.
Nota completa: Operativo retorno y un debate para frustarlo.
En Página/12: Agencia Comercializadora de Granos.
Por Alfredo Zaiat.
La producción agropecuaria es estratégica porque garantiza la provisión de alimentos para la población. Por ese motivo es de interés general la disponibilidad y acceso de esos bienes. El carácter esencial de esa actividad explica que ante fenómenos climáticos adversos (sequías o inundaciones) se declare la emergencia agropecuaria. Ante una situación de daño al campo dedicado al agro o ganadería, una ley nacional dispone que los gobiernos de las provincias afectadas deben primero declarar la emergencia o desastre para luego disponerlo el Poder Ejecutivo, que está facultado a ordenar una serie de medidas impositivas, fiscales y financieras para proteger y resarcir al productor. Ninguna otra actividad económica posee ese marco de cobertura estatal y lo tiene por la condición de ser clave para la economía y la sustentabilidad social entregada por la soberanía alimentaria. Si la producción agropecuaria es de interés general cuando enfrenta una coyuntura de emergencia, también lo debería ser cuando registra momentos de bonanzas o se verifican políticas de retención de cosecha afectando la disponibilidad de divisas perturbando la estabilidad financiera y social.
La producción agropecuaria es estratégica porque garantiza la provisión de alimentos para la población. Por ese motivo es de interés general la disponibilidad y acceso de esos bienes. El carácter esencial de esa actividad explica que ante fenómenos climáticos adversos (sequías o inundaciones) se declare la emergencia agropecuaria. Ante una situación de daño al campo dedicado al agro o ganadería, una ley nacional dispone que los gobiernos de las provincias afectadas deben primero declarar la emergencia o desastre para luego disponerlo el Poder Ejecutivo, que está facultado a ordenar una serie de medidas impositivas, fiscales y financieras para proteger y resarcir al productor. Ninguna otra actividad económica posee ese marco de cobertura estatal y lo tiene por la condición de ser clave para la economía y la sustentabilidad social entregada por la soberanía alimentaria. Si la producción agropecuaria es de interés general cuando enfrenta una coyuntura de emergencia, también lo debería ser cuando registra momentos de bonanzas o se verifican políticas de retención de cosecha afectando la disponibilidad de divisas perturbando la estabilidad financiera y social.
Acopio
Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz estima que, de acuerdo a datos oficiales en base a los embarques, procesamiento de la industria y habilitación de registros de exportación (ROE), todavía restaría por comercializar entre 42 y 52 por ciento de la cosecha de soja 2013/14. Calcula que el acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares. El documento evalúa que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios”.
Los autores de la investigación, los economistas Nicolás Hernán Zeolla y Ernesto Mattos, plantean la necesidad de la intervención del Estado para beneficiar a pequeños productores que no tienen espalda financiera para acopiar, y a la vez para ordenar el frente cambiario. “La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, señalan.
Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz estima que, de acuerdo a datos oficiales en base a los embarques, procesamiento de la industria y habilitación de registros de exportación (ROE), todavía restaría por comercializar entre 42 y 52 por ciento de la cosecha de soja 2013/14. Calcula que el acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares. El documento evalúa que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios”.
Los autores de la investigación, los economistas Nicolás Hernán Zeolla y Ernesto Mattos, plantean la necesidad de la intervención del Estado para beneficiar a pequeños productores que no tienen espalda financiera para acopiar, y a la vez para ordenar el frente cambiario. “La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, señalan.
Nota completa:
En el Cash/Página12: Propuesta para intervenir en la comercialización de granos.
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comercialización,
extraordinaria,
granos,
nacionalización,
renta,
Soja
Por Sebastian Premici.
“Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42 y un 52 por ciento de soja, lo que representa entre 7000 y 11.000 millones de dólares de la cosecha 2013/14.” Esta es la conclusión a la que arribó un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), publicado en el transcurso de la semana pasada. Una vez descontadas las retenciones del 35 por ciento, los productores dejaron de percibir entre 4500 y 7150 millones de dólares.
“Las razones de la reticencia a la venta sólo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compense la caída de precios”, continuó el análisis del informe escrito por los economistas Ernesto Mattos y Nicolás Zeolla. La pronunciada (y prevista) baja en el precio de la soja terminó por jugarles una mala pasada a quienes optaron por especular.
El precio de la soja cerró el jueves en 355,14 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Es decir, una reducción del 42 por ciento en relación con el pico obtenido en 2013, cuando alcanzó los 620 dólares por tonelada. El precio promedio de la tonelada de soja en el Mercado de Chicago era de 476,7 dólares en enero de 2014, alcanzó su pico en el año con 560 dólares el 29 de abril y desde entonces comenzó su desplome, impulsado por los record de cosecha de Estados Unidos y Brasil.
Los altos niveles de retención de soja por parte de los grandes exportadores buscaron generar presiones sobre el tipo de cambio, al igual que lo ocurrido hacia fines del año pasado. Aquella situación fue la antesala de la devaluación de enero.
“Las razones de la reticencia a la venta sólo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compense la caída de precios”, continuó el análisis del informe escrito por los economistas Ernesto Mattos y Nicolás Zeolla. La pronunciada (y prevista) baja en el precio de la soja terminó por jugarles una mala pasada a quienes optaron por especular.
El precio de la soja cerró el jueves en 355,14 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Es decir, una reducción del 42 por ciento en relación con el pico obtenido en 2013, cuando alcanzó los 620 dólares por tonelada. El precio promedio de la tonelada de soja en el Mercado de Chicago era de 476,7 dólares en enero de 2014, alcanzó su pico en el año con 560 dólares el 29 de abril y desde entonces comenzó su desplome, impulsado por los record de cosecha de Estados Unidos y Brasil.
Los altos niveles de retención de soja por parte de los grandes exportadores buscaron generar presiones sobre el tipo de cambio, al igual que lo ocurrido hacia fines del año pasado. Aquella situación fue la antesala de la devaluación de enero.
Nota completa: Propuesta para intervenir en la comercialización de granos.
En el programa: Economía Política (C5N)
El economista de la Jauretche Andrés Asiain participo del programa "Economía Política" que conduce Roberto Navarro por C5N.
Mito económico (Página/12-Cash): precios de los commodities y calidad institucional.
Índice de Populismo.
Por Andres Asiain.
En una reciente nota publicada en el diario Ambito Financiero, el profesor de la Ucema y de la Universidad de Nueva York, Emilio Ocampo, indica que los picos y posteriores descensos de los precios mundiales de las materias primas coincidieron con el auge y debacle de nuestros gobiernos “populistas”. A partir de una serie de indicadores conforma un “índice de populismo” que arroja sus máximos valores en los tres mandatos de Juan Perón y los dos de Cristina Kirchner. Justamente en esos períodos se presentan máximos históricos en los precios de las commodities, “una excelente oportunidad para que el país no sólo frenara sino que también revirtiera su decadencia. Pero en vez de aprovechar la oportunidad, el populismo la desperdició”, provocando además un marcado deterioro del “índice de calidad institucional” por la “perversión de los valores”, “el clientelismo”, “un discurso maniqueo propalado a través de un aparato de propaganda generosamente financiado con fondos públicos” que “fomenta el resentimiento y destruye la cohesión social”.
La memoria histórica del miembro de la Fundación Libertad y Progreso parece haber olvidado otros picos históricos en los precios de las materias primas, coincidentes con gobiernos conservadores en lo social y liberales en lo económico. Son ejemplo de ellos el mandato de Juárez Celman a finales del siglo XIX y el de Videla a finales del siglo pasado. En ambos casos, el ciclo ascendente de los commodities no fue aprovechado para fomentar el empleo y redistribuir ingresos como en tiempos de populismo, sino que fue utilizado para fomentar el ingreso de capitales especulativos, generando un breve auge económico entre las clases altas y medias. La bajante del ciclo dio lugar a una masiva fuga de capitales que terminó en profundas crisis económicas que incluyeron la quiebra del sistema financiero, un masivo empobrecimiento de la población y un abultado endeudamiento externo dejado como herencia a pagar por los futuros gobiernos.
En materia de calidad institucional, el índice de Ocampo parece indicar que gobiernos democráticos como los de Juan Perón o Cristina Kirchner se encuentran por debajo de gobiernos ungidos de fraudes electorales o golpes militares, que cerraron el Congreso, prohibieron la actividad política y sindical, y hasta conformaron campos de concentración para el asesinato masivo de la población. Semejante concepción de “calidad institucional” es construida a partir de la combinación de otros dos índices: de “libertad de expresión” de una organización no gubernamental, Freedom House, con sede en Washington, y de “libertad económica” del centro de ideas neoliberales canadiense, Fraser Institute.
La memoria histórica del miembro de la Fundación Libertad y Progreso parece haber olvidado otros picos históricos en los precios de las materias primas, coincidentes con gobiernos conservadores en lo social y liberales en lo económico. Son ejemplo de ellos el mandato de Juárez Celman a finales del siglo XIX y el de Videla a finales del siglo pasado. En ambos casos, el ciclo ascendente de los commodities no fue aprovechado para fomentar el empleo y redistribuir ingresos como en tiempos de populismo, sino que fue utilizado para fomentar el ingreso de capitales especulativos, generando un breve auge económico entre las clases altas y medias. La bajante del ciclo dio lugar a una masiva fuga de capitales que terminó en profundas crisis económicas que incluyeron la quiebra del sistema financiero, un masivo empobrecimiento de la población y un abultado endeudamiento externo dejado como herencia a pagar por los futuros gobiernos.
En materia de calidad institucional, el índice de Ocampo parece indicar que gobiernos democráticos como los de Juan Perón o Cristina Kirchner se encuentran por debajo de gobiernos ungidos de fraudes electorales o golpes militares, que cerraron el Congreso, prohibieron la actividad política y sindical, y hasta conformaron campos de concentración para el asesinato masivo de la población. Semejante concepción de “calidad institucional” es construida a partir de la combinación de otros dos índices: de “libertad de expresión” de una organización no gubernamental, Freedom House, con sede en Washington, y de “libertad económica” del centro de ideas neoliberales canadiense, Fraser Institute.
Mito completo: Índice de populismo.
miércoles, 22 de octubre de 2014
domingo, 12 de octubre de 2014
En Tiempo Argentino: Una mayor coordinación para evitar presiones devaluatorias.
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bancos,
BCRA,
devaluatoria,
exportadoras,
salario
Durante enero de 2014, el conjunto de presiones en el mercado de cambios generó un salto devaluatorio que terminó siendo convalidado por el BCRA.
Nicolás Hernán Zeolla
Nicolás Hernán Zeolla
Durante enero de 2014, el conjunto de presiones en el mercado de cambios generó un salto devaluatorio que terminó siendo convalidado por el BCRA. Este evento combinó un conjunto de maniobras que implicaron un fuerte apalancamiento en divisas por adelantamiento de importaciones (empresas y bancos), una aceleración de las presiones sobre el mercado de dólar futuro, una exacerbación de la brecha cambiaria inflando artificialmente el "dólar ilegal" (montada sobre el bombardeo de expectativas devaluatorias) y una operación de compra-venta fijada en un precio mucho mayor al vigente dando forma a la corrida cambiaria buscada. Como resultado, los bancos y las empresas exportadoras amasaron grandes ganancias en muy corto tiempo, mientras que el poder adquisitivo del salario bajó varios escalones afectado por la aceleración inflacionaria.
Recién algunas semanas después el BCRA se decidió a implementar ciertas medidas regulatorias como disminución de los topes a las tenencias de divisas en carteras y la reducción de plazos para la liquidación de exportaciones e importaciones no realizadas, etcétera. La lentitud en la utilización de herramientas de intervención que disponía de antemano implicó costos severos en términos distributivos y de actividad económica, que todavía persisten. Agregado a ello, días atrás aún se sostenía una política de transferencias de ingresos a los bancos, por el juego de tasas que permitía a los bancos tomar fondos de los plazos fijos de los ahorristas al 18%-20% y prestárselos a la autoridad monetaria al 23%-25 por ciento.
Recién algunas semanas después el BCRA se decidió a implementar ciertas medidas regulatorias como disminución de los topes a las tenencias de divisas en carteras y la reducción de plazos para la liquidación de exportaciones e importaciones no realizadas, etcétera. La lentitud en la utilización de herramientas de intervención que disponía de antemano implicó costos severos en términos distributivos y de actividad económica, que todavía persisten. Agregado a ello, días atrás aún se sostenía una política de transferencias de ingresos a los bancos, por el juego de tasas que permitía a los bancos tomar fondos de los plazos fijos de los ahorristas al 18%-20% y prestárselos a la autoridad monetaria al 23%-25 por ciento.
Nota de opinión: Una mayor coordinación para evitar presiones devaluatorias.
En Infobae: Pese a baja de precios, los productores aún acopian 50% de la soja.
Informe escrito por Nicolás Hernán Zeolla, economista FCE-UBA, investigador CCC-Economía Política y Ernesto Mattos, economista FCE-UBA, investigador del CIGES
Tras el discurso de la Presidenta de esta semana, apareció nuevamente la preocupación respecto del acopio de parte de la cosecha de soja realizada por los grandes productores. Esta nueva escalada especulativa en particular se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales del cultivo. Por ello, las razones de la reticencia a la venta solo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compensen la caída de precios.
Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.
Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serán de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones[1], respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individual de un sector económico está poniendo en peligro a la voluntad general.
El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestra que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido record. Con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación pasó de 6 a 10 millones de toneladas.
En relación a ello según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significó que el acumulado para los primeros 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).
No obstante durante el 2013 el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzó 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior, la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación.
Tras el discurso de la Presidenta de esta semana, apareció nuevamente la preocupación respecto del acopio de parte de la cosecha de soja realizada por los grandes productores. Esta nueva escalada especulativa en particular se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales del cultivo. Por ello, las razones de la reticencia a la venta solo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compensen la caída de precios.
Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.
Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serán de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones[1], respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individual de un sector económico está poniendo en peligro a la voluntad general.
El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestra que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido record. Con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación pasó de 6 a 10 millones de toneladas.
En relación a ello según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significó que el acumulado para los primeros 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).
No obstante durante el 2013 el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzó 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior, la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación.
En InfoJus Noticias: La absolución de Cavallo muestra la impunidad que tienen estos delitos.
La Fiscalía había pedido tres años para el ex ministro
En diálogo con Infojus Noticias, el economista Andrés Asiain opinó sobre la absolución del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa del Megacanje y abrió la discusión sobre la necesidad de judicializar la mala praxis en políticas económicas.
En diálogo con Infojus Noticias, el economista Andrés Asiain opinó sobre la absolución del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa del Megacanje y abrió la discusión sobre la necesidad de judicializar la mala praxis en políticas económicas.
Siete de cada diez bonos del Megacanje, la operación financiera del gobierno de la Alianza en 2001, están en manos de los fondos buitre. Por esta operatoria, hace tres meses el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fue a juicio oral. Hoy el TOF 4 de Comodoro Py lo absolvió. En diálogo con Infojus Noticias, el economista Andrés Asiain abrió la discusión sobre la necesidad de judicializar la mala praxis en políticas económicas.
Semanas atrás, Asiain debatió con Cavallo en un programa de televisión sobre el megacanje. "Esa operación rozó el delito y fue la retirada de los grandes bancos”, le dijo el investigador. Asiain forma parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.) y fue investigador del CONICET,
El juicio que terminó hoy giró en torno a las tasas de las comisiones, que fueron extraordinarias – porque la maniobra se hizo con muchísimo capital- y al endeudamiento que sufrió el país. También, el supuesto beneficio al banquero estadounidense David Mulford, que actuaba en nombre del Credit Suisse. La fiscal Fabiana León había pedido tres años de prisión porel canje de bonos, a raíz de las comisiones cobradas por siete bancos extranjeros que intervinieron en la operación.
- ¿Qué significa la absolución en una causa de delitos económicos?
- Representa la impunidad que tienen en materia judicial cierto tipo de delitos, que en términos de legalidad pueden estar correctos. El Megacanje, en materia económica y social significó un costo enorme para la Argentina y no tiene sanción. Lo más grave fue la validación de tasas enormes y que fueron hechas con una intención oportunista. Me parece que esto abre la discusión sobre la mala praxis económica, sobre operaciones que se implementan sin violar la ley, pero que implican un costo para la sociedad argentina.
Semanas atrás, Asiain debatió con Cavallo en un programa de televisión sobre el megacanje. "Esa operación rozó el delito y fue la retirada de los grandes bancos”, le dijo el investigador. Asiain forma parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.) y fue investigador del CONICET,
El juicio que terminó hoy giró en torno a las tasas de las comisiones, que fueron extraordinarias – porque la maniobra se hizo con muchísimo capital- y al endeudamiento que sufrió el país. También, el supuesto beneficio al banquero estadounidense David Mulford, que actuaba en nombre del Credit Suisse. La fiscal Fabiana León había pedido tres años de prisión porel canje de bonos, a raíz de las comisiones cobradas por siete bancos extranjeros que intervinieron en la operación.
- ¿Qué significa la absolución en una causa de delitos económicos?
- Representa la impunidad que tienen en materia judicial cierto tipo de delitos, que en términos de legalidad pueden estar correctos. El Megacanje, en materia económica y social significó un costo enorme para la Argentina y no tiene sanción. Lo más grave fue la validación de tasas enormes y que fueron hechas con una intención oportunista. Me parece que esto abre la discusión sobre la mala praxis económica, sobre operaciones que se implementan sin violar la ley, pero que implican un costo para la sociedad argentina.
Mito económico (Página12-Cash): Corrida cambiaria y precio de la soja.
“Un acto de responsabilidad”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
A comienzos del presente año, una vez producida la devaluación del peso en el mercado de cambios oficial y en un contexto de zozobra sobre el futuro de la economía, el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, planteó que “guardar la cosecha y no venderla toda junta es un acto de responsabilidad”. Si bien la corrida finalmente cedió, las razones pasaron más por la reglamentación a la baja de las tenencias de dólares de los bancos, una mejor administración del dólar turista y de compras con tarjeta, y una menor autorización de importaciones de bienes y servicios, que por la liquidación de la cosecha stockeada de soja –con la excepción de los 2000 millones de dólares liquidados por las grandes cerealeras tras un acuerdo con el Gobierno en el mes de febrero–.
La “responsabilidad de guardar y no vender” la cosecha continuó en la nueva campaña pese a que la suba interanual del dólar oficial es del 50 por ciento, bastante por encima de las estimaciones de inflación (aun las más exageradas). Pese a esa mayor competitividad y sin el habitual argumento del “retraso cambiario”, la liquidación de una cosecha record de 2013/14 evolucionó apenas por arriba que la del año anterior, hasta reducirse incluso en los últimos meses. El retraso en la liquidación de la cosecha iría de un cuarto a un tercio, según puede desprenderse del estudio de la información del Minigri y el Oncaa, es decir, entre 11 y 18 millones de toneladas de porotos.
La retención de la cosecha se produjo pese a que se esperaba que los precios internacionales se redujeran, tanto por el posible impacto de una suba de tasas de los bonos del tesoro de los Estados Unidos (que compiten con el precio de las materias primas, en gran parte determinado por motivos de especulación financiera), como por la previsión de una buena cosecha en el país del Norte. Esa tendencia que se manifestaba en la existencia de precios de venta a futuro por debajo de los que regían finalmente se produjo: la tonelada de soja, que a mediados de año se exportó a 530 dólares, esta semana se comercializó a 405. Un retroceso de 125 dólares que multiplicado por las cifras de la cosecha retenida significó pérdidas para el país del orden de 1375 a 2250 millones de dólares.
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
A comienzos del presente año, una vez producida la devaluación del peso en el mercado de cambios oficial y en un contexto de zozobra sobre el futuro de la economía, el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, planteó que “guardar la cosecha y no venderla toda junta es un acto de responsabilidad”. Si bien la corrida finalmente cedió, las razones pasaron más por la reglamentación a la baja de las tenencias de dólares de los bancos, una mejor administración del dólar turista y de compras con tarjeta, y una menor autorización de importaciones de bienes y servicios, que por la liquidación de la cosecha stockeada de soja –con la excepción de los 2000 millones de dólares liquidados por las grandes cerealeras tras un acuerdo con el Gobierno en el mes de febrero–.
La “responsabilidad de guardar y no vender” la cosecha continuó en la nueva campaña pese a que la suba interanual del dólar oficial es del 50 por ciento, bastante por encima de las estimaciones de inflación (aun las más exageradas). Pese a esa mayor competitividad y sin el habitual argumento del “retraso cambiario”, la liquidación de una cosecha record de 2013/14 evolucionó apenas por arriba que la del año anterior, hasta reducirse incluso en los últimos meses. El retraso en la liquidación de la cosecha iría de un cuarto a un tercio, según puede desprenderse del estudio de la información del Minigri y el Oncaa, es decir, entre 11 y 18 millones de toneladas de porotos.
La retención de la cosecha se produjo pese a que se esperaba que los precios internacionales se redujeran, tanto por el posible impacto de una suba de tasas de los bonos del tesoro de los Estados Unidos (que compiten con el precio de las materias primas, en gran parte determinado por motivos de especulación financiera), como por la previsión de una buena cosecha en el país del Norte. Esa tendencia que se manifestaba en la existencia de precios de venta a futuro por debajo de los que regían finalmente se produjo: la tonelada de soja, que a mediados de año se exportó a 530 dólares, esta semana se comercializó a 405. Un retroceso de 125 dólares que multiplicado por las cifras de la cosecha retenida significó pérdidas para el país del orden de 1375 a 2250 millones de dólares.
Mito completo: Corrida cambiaria y precio de la soja.
En Política Argentina: La Deuda Externa y el próximo gobierno: ¿una pesada herencia?
Por Nicolás Hernán Zeolla.
Respecto al conflicto que nuestro país esta atravesando con los fondos buitres en el juzgado del sagaz Juez Griesa, en estos días hubo buenas y malas novedades junto con mucha opinión desde todos los ángulos. Entre lo positivo fue que se habilitó al Citybank a pagar (por segunda “única vez”) los vencimientos de los bonos con legislación local. Entre lo negativo fue que se declaro a nuestro país en “desacato” sin saberse aún si habrá o no una sanción económica. Lo insólito de este nuevo fallo es, nuevamente, una cuestión de muy poca rigurosidad técnica ya que se utiliza una figura reservada para el derecho privado para juzgar sobre cuestiones de un Estado soberano.
Sin embargo, en nuestro país el “desacato” dio lugar al sin fin de opiniones sobre el conflicto buitre en donde la idea corriente que se trato de instalar no tiene mucho que ver con el estado actual de las cosas. En la opinión de un economista y replicada en coro por muchos comunicadores se valoró como la “pesada herencia de la deuda” a la situación que va a recibir el próxima gobierno que suceda a Cristina Kirchner, producto de no haber “solucionado” (o mejor dicho pagado) el reclamo de los buitres en NY (canal TN, 24-9-14). En realidad esta posición parece que ser más producto de su nuevo posicionamiento político cercana al massismo y una presunta vinculación con algunos inversores “buitres” que con la actualidad de los vencimientos de la deuda externa argentina que deba afrontar el próximo gobierno.
Por ello, más allá de la complejidad legal, política y de intereses financieros que gira alrededor del tema deuda y buitres y la incertidumbre que puede derivar una aceleración de pagos de algunos títulos donde se impida pagar los vencimientos teniendo capacidad financiera de hacerlo, y sabiendo que el vencimiento de la RUFO en enero-15 habilita nuevos términos de negociación, la situación parece algo distinta.
En este sentido, al analizar el perfil de vencimientos de la deuda externa a partir del año 2016, nada indica que el próximo gobierno tenga que afrontar ninguna “pesada carga” en el tema deuda sino todo lo contrario. En el grafico que sigue se presentan los vencimientos en dólares de intereses (celeste), de capital (azul) y de ambos sumados (línea y números) para los próximos veinte años.
Un elemento relevante es que cuando uno analiza la deuda pública lo relevante a considerar son los pagos que deben que hacerse en moneda extranjera (dólares) ya que los pagos en pesos pueden hacerse emitiendo. Por ello, la llamada “restricción externa” implica que nuestro país si necesita dólares solo puede conseguirlos exportando, recibiendo nuevas inversiones que traigan divisas, utilizando reservas u obteniendo nuevo financiamiento para poder comprar los dólares con los que pagar.
En sentido, se destacan dos vencimientos importantes: uno en 2015 (pago del BODEN 2015) y otro en 2017 (pago del BONAR X), para todos los años venideros el perfil de vencimientos bajo todo concepto disminuye mucho y se ubica en torno a los u$s 4.000 millones.
Nota de opinión completa: La Deuda Externa y el próximo gobierno: ¿una pesada herencia?
Respecto al conflicto que nuestro país esta atravesando con los fondos buitres en el juzgado del sagaz Juez Griesa, en estos días hubo buenas y malas novedades junto con mucha opinión desde todos los ángulos. Entre lo positivo fue que se habilitó al Citybank a pagar (por segunda “única vez”) los vencimientos de los bonos con legislación local. Entre lo negativo fue que se declaro a nuestro país en “desacato” sin saberse aún si habrá o no una sanción económica. Lo insólito de este nuevo fallo es, nuevamente, una cuestión de muy poca rigurosidad técnica ya que se utiliza una figura reservada para el derecho privado para juzgar sobre cuestiones de un Estado soberano.
Sin embargo, en nuestro país el “desacato” dio lugar al sin fin de opiniones sobre el conflicto buitre en donde la idea corriente que se trato de instalar no tiene mucho que ver con el estado actual de las cosas. En la opinión de un economista y replicada en coro por muchos comunicadores se valoró como la “pesada herencia de la deuda” a la situación que va a recibir el próxima gobierno que suceda a Cristina Kirchner, producto de no haber “solucionado” (o mejor dicho pagado) el reclamo de los buitres en NY (canal TN, 24-9-14). En realidad esta posición parece que ser más producto de su nuevo posicionamiento político cercana al massismo y una presunta vinculación con algunos inversores “buitres” que con la actualidad de los vencimientos de la deuda externa argentina que deba afrontar el próximo gobierno.
Por ello, más allá de la complejidad legal, política y de intereses financieros que gira alrededor del tema deuda y buitres y la incertidumbre que puede derivar una aceleración de pagos de algunos títulos donde se impida pagar los vencimientos teniendo capacidad financiera de hacerlo, y sabiendo que el vencimiento de la RUFO en enero-15 habilita nuevos términos de negociación, la situación parece algo distinta.
En este sentido, al analizar el perfil de vencimientos de la deuda externa a partir del año 2016, nada indica que el próximo gobierno tenga que afrontar ninguna “pesada carga” en el tema deuda sino todo lo contrario. En el grafico que sigue se presentan los vencimientos en dólares de intereses (celeste), de capital (azul) y de ambos sumados (línea y números) para los próximos veinte años.
Un elemento relevante es que cuando uno analiza la deuda pública lo relevante a considerar son los pagos que deben que hacerse en moneda extranjera (dólares) ya que los pagos en pesos pueden hacerse emitiendo. Por ello, la llamada “restricción externa” implica que nuestro país si necesita dólares solo puede conseguirlos exportando, recibiendo nuevas inversiones que traigan divisas, utilizando reservas u obteniendo nuevo financiamiento para poder comprar los dólares con los que pagar.
En sentido, se destacan dos vencimientos importantes: uno en 2015 (pago del BODEN 2015) y otro en 2017 (pago del BONAR X), para todos los años venideros el perfil de vencimientos bajo todo concepto disminuye mucho y se ubica en torno a los u$s 4.000 millones.
Nota de opinión completa: La Deuda Externa y el próximo gobierno: ¿una pesada herencia?
miércoles, 1 de octubre de 2014
En La Corriente Peronista Descamisados de Sarandí:
El miércoles 24 de septiembre, en Sarandí, partido de Avellaneda, el economista y sociólogo de la Jauretche Rodrigo López brindó una clase de economía nacional en el marco de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente de Jefatura de Gabinete.
La clase estuvo centrada en la política económica durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en los desafíos actuales. La actividad fue organizada por la Corriente Peronista Descamisados de Sarandí, concurriendo militantes de distintas organizaciones y vecinos de la zona.
jueves, 25 de septiembre de 2014
lunes, 22 de septiembre de 2014
Mito económico (Página/12-Cash): El proyecto de trasladar la capital a Santiago del Estero.
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“Desigualdades regionales”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
En un reciente artículo publicado en The New York Times, Filipe Campante critica el proyecto de traslado de la capital de Buenos Aires a Santiago del Estero. El economista brasileño considera que en “Estados autocráticos y democracias relativamente frágiles, los gobiernos enquistados en capitales aisladas son menos eficaces, menos sensibles, más corruptos y menos capaces o dispuestos a sostener el imperio de la ley”. El profesor de Harvard Kennedy School afirma que “si bien Argentina no es un modelo de buen gobierno hoy en día”, mudar la capital “de las brillantes luces de Buenos Aires” donde residen “los locuaces medios de comunicación y una población educada y cosmopolita” a la “pequeña (y según se dice, dormida) Santiago del Estero” podría empeorar las cosas.
No es intención polemizar sobre el carácter autocrático del Estado argentino o si es una democracia débil, tal como sugiere el profesor norteamericano. Tampoco debatir sobre la capacidad de control civil del poder político, ni si éste debe ser realizado por los “locuaces medios de comunicación” que controlan la información pública de acuerdo con la línea editorial de sus accionistas mayoritarios o por los sectores medios “educados y cosmopolitas” de las ciudades más ricas. Tampoco si debe ser ejercido por las mayorías populares, ni si el traslado de la capital podría poner en riesgo la repetición histórica de hechos como el 17 de octubre de 1945, o el más cercano 19 y 20 de diciembre de 2001.
Sí se señalará que, más allá de la plácida siesta santiagueña (quien conozca la provincia y sus calores entenderá fácilmente las razones que la imponen), el pueblo santiagueño no ha tenido mucho tiempo para descansar. Desde los tiempos de La Forestal, donde la explotación del quebracho para la extracción del tanino descargó en el hachero santiagueño (junto a sus colegas chaqueños y santafesinos) la más ruda labor, hasta el posterior cierre de aquella compañía, dejando las tierras de la provincia desertificadas por el desmonte y obligando a sus hombres a la emigración como cosecheros y obreros de la construcción, y a sus mujeres como servicio doméstico de las clases medias y altas de las grandes ciudades.
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
En un reciente artículo publicado en The New York Times, Filipe Campante critica el proyecto de traslado de la capital de Buenos Aires a Santiago del Estero. El economista brasileño considera que en “Estados autocráticos y democracias relativamente frágiles, los gobiernos enquistados en capitales aisladas son menos eficaces, menos sensibles, más corruptos y menos capaces o dispuestos a sostener el imperio de la ley”. El profesor de Harvard Kennedy School afirma que “si bien Argentina no es un modelo de buen gobierno hoy en día”, mudar la capital “de las brillantes luces de Buenos Aires” donde residen “los locuaces medios de comunicación y una población educada y cosmopolita” a la “pequeña (y según se dice, dormida) Santiago del Estero” podría empeorar las cosas.
No es intención polemizar sobre el carácter autocrático del Estado argentino o si es una democracia débil, tal como sugiere el profesor norteamericano. Tampoco debatir sobre la capacidad de control civil del poder político, ni si éste debe ser realizado por los “locuaces medios de comunicación” que controlan la información pública de acuerdo con la línea editorial de sus accionistas mayoritarios o por los sectores medios “educados y cosmopolitas” de las ciudades más ricas. Tampoco si debe ser ejercido por las mayorías populares, ni si el traslado de la capital podría poner en riesgo la repetición histórica de hechos como el 17 de octubre de 1945, o el más cercano 19 y 20 de diciembre de 2001.
Sí se señalará que, más allá de la plácida siesta santiagueña (quien conozca la provincia y sus calores entenderá fácilmente las razones que la imponen), el pueblo santiagueño no ha tenido mucho tiempo para descansar. Desde los tiempos de La Forestal, donde la explotación del quebracho para la extracción del tanino descargó en el hachero santiagueño (junto a sus colegas chaqueños y santafesinos) la más ruda labor, hasta el posterior cierre de aquella compañía, dejando las tierras de la provincia desertificadas por el desmonte y obligando a sus hombres a la emigración como cosecheros y obreros de la construcción, y a sus mujeres como servicio doméstico de las clases medias y altas de las grandes ciudades.
Mito completo: El proyecto de trasladar la capital a Santiago del Estero.
En el Suple-Eco (Tiempo Argentino): El sistema financiero de Argentina es el tercero más sólido de la región.
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Con el 2 por ciento el país se posicionó entre las naciones con menor nivel de morosidad del mundo. En Latinoamérica sólo se ubica por detrás de Uruguay y Bolivia. Pero se encuentra por encima de Brasil y Colombia.
Luego de la pos Convertibilidad (abr-2002) el sector privado tuvo un 38,6% de morosidad, lo cual hacia transmitir una inestabilidad a todo el sistema financiero nacional.
En tanto que la rentabilidad fue negativa, o sea, registró pérdidas por unos 25.325 millones de pesos.
Sin embargo, con el transcurso de los meses hasta diciembre de 2004 la cartera crediticia paso del 38,60% al 18,60%, una reducción casi de los 50 puntos porcentuales a pesar de las pérdidas acumuladas en ese periodo.
Esta mejora en la cartera crediticia producida en pos Convertibilidad mostró una rápida recuperación del sistema financiero así como su capacidad de rentabilidad.
Entonces se genero una relación inversa, a menor reducción de la morosidad de la economía crecía la rentabilidad del sector económico. La rentabilidad en el período 2005 y 2013 fue de 97.706 millones de pesos.
Por ello, los números muestran una caída de la morosidad del total del sistema financiero argentino que se redujo notoriamente al pasar del 18,60% (dic-04) al 3,2% (dic-07), previo a la crisis internacional del 2008.
Esa reducción en la morosidad previa a la crisis internacional muestra la solidez de la economía y su capacidad de cancelar obligaciones por parte del sector privado.
En lo que resta del período de dic-07 a dic-13, lo morosidad, fue menor al 3,2%, alcanzando el 1,7% al finalizar el año 2013.
Entonces, a medida que se recuperaba la rentabilidad del sector financiero la morosidad del sector privado, lo que muestra que su capacidad de paso fue sostenida.
Luego de la pos Convertibilidad (abr-2002) el sector privado tuvo un 38,6% de morosidad, lo cual hacia transmitir una inestabilidad a todo el sistema financiero nacional.
En tanto que la rentabilidad fue negativa, o sea, registró pérdidas por unos 25.325 millones de pesos.
Sin embargo, con el transcurso de los meses hasta diciembre de 2004 la cartera crediticia paso del 38,60% al 18,60%, una reducción casi de los 50 puntos porcentuales a pesar de las pérdidas acumuladas en ese periodo.
Esta mejora en la cartera crediticia producida en pos Convertibilidad mostró una rápida recuperación del sistema financiero así como su capacidad de rentabilidad.
Entonces se genero una relación inversa, a menor reducción de la morosidad de la economía crecía la rentabilidad del sector económico. La rentabilidad en el período 2005 y 2013 fue de 97.706 millones de pesos.
Por ello, los números muestran una caída de la morosidad del total del sistema financiero argentino que se redujo notoriamente al pasar del 18,60% (dic-04) al 3,2% (dic-07), previo a la crisis internacional del 2008.
Esa reducción en la morosidad previa a la crisis internacional muestra la solidez de la economía y su capacidad de cancelar obligaciones por parte del sector privado.
En lo que resta del período de dic-07 a dic-13, lo morosidad, fue menor al 3,2%, alcanzando el 1,7% al finalizar el año 2013.
Entonces, a medida que se recuperaba la rentabilidad del sector financiero la morosidad del sector privado, lo que muestra que su capacidad de paso fue sostenida.
jueves, 18 de septiembre de 2014
lunes, 15 de septiembre de 2014
En Radio Universidad Nacional de La Plata: La economía de la semana.
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El Pulki. Audio completo - Programa 13/09/14
En la segunda parte, la columna de Economía Política de Ernesto Mattos sobre la Ley de Pago Soberano, las repercusiones de la ONU y los 124 paises que votaron por una regulación del sistema financiero internacional.
El Profesor Barcelona y una mirada profunda a las evaluaciones en la Escuela, y su relación con las políticas que incluyen o excluyen.
Y por último desde Mendoza, Mario Codoni de la Agrupación Universitaria Nacional y una grave denuncia: venta de materias en la Universidad Nacional de Cuyo, aprietes, ataques y amenazas contra el profesor Mauro Aguirre y su familia.
Y por último desde Mendoza, Mario Codoni de la Agrupación Universitaria Nacional y una grave denuncia: venta de materias en la Universidad Nacional de Cuyo, aprietes, ataques y amenazas contra el profesor Mauro Aguirre y su familia.
Audio del programa: Columna económica.
Mito económico (Página/12-Cash): Desfinanciar las cuentas públicas.
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“Sin Ganancias ni retenciones”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
Mauricio Macri brindó algunos indicios de su futuro plan económico. “De entrada voy a sacar todas las retenciones a la exportación. En mi gobierno se va a acabar la inflación y no va a haber más Impuesto a las Ganancias para los trabajadores”, prometió.
La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias representa poco más del 3 por ciento de la recaudación y las retenciones algo más del 6 por ciento, lo que suma casi casi el 10 por ciento de los ingresos del Estado. La aplicación de semejante reforma impositiva habría implicado en 2013 un incremento en el déficit de las cuentas públicas equivalente al 2,8 por ciento del valor bruto de la producción. Ese monto representa aproximadamente el total de los gastos de capital del Estado (lo que se destina a obras como construcción de carreteras, puentes, tendidos eléctricos), más de cuatro veces el costo financiero de la Asignación Universal y aproximadamente la mitad del gasto público en el sistema educativo.
Para aplicar semejante política, Mauricio Macri indicó que conformaría “el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años”. Uno de sus posibles integrantes, Federico Sturzenegger, dio pistas de una alternativa al ajuste del gasto para financiar la rebaja impositiva, al indicar que Argentina deberá “cubrir ese déficit con algún tipo de endeudamiento”. En su recomendación, el economista que participó del Megacanje en tiempos de la Alianza sigue los lineamientos de política que precisó su maestro Domingo Cavallo en una reciente conferencia en la Universidad Católica Argentina. En ese ámbito, el creador y sepulturero de la Convertibilidad recomendó salir de la estanflación mediante una rebaja impositiva financiada con endeudamiento externo.
Ese plan económico tiene como principal escollo la barrera para acceder a los mercados financieros de deuda que montaron los fondos buitre con el fallo Griesa. Cumplir con esa sentencia para “volver a los mercados” significa dar marcha atrás con los logros en materias de desendeudamiento de la última década, tanto por la extensión del fallo al resto de los holdouts como por una posible activación de la cláusula RUFO para quienes ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. Las declaraciones de Macri indicando que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”, exponen que está dispuesto a aceptar esas condiciones.
Mauricio Macri brindó algunos indicios de su futuro plan económico. “De entrada voy a sacar todas las retenciones a la exportación. En mi gobierno se va a acabar la inflación y no va a haber más Impuesto a las Ganancias para los trabajadores”, prometió.
La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias representa poco más del 3 por ciento de la recaudación y las retenciones algo más del 6 por ciento, lo que suma casi casi el 10 por ciento de los ingresos del Estado. La aplicación de semejante reforma impositiva habría implicado en 2013 un incremento en el déficit de las cuentas públicas equivalente al 2,8 por ciento del valor bruto de la producción. Ese monto representa aproximadamente el total de los gastos de capital del Estado (lo que se destina a obras como construcción de carreteras, puentes, tendidos eléctricos), más de cuatro veces el costo financiero de la Asignación Universal y aproximadamente la mitad del gasto público en el sistema educativo.
Para aplicar semejante política, Mauricio Macri indicó que conformaría “el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años”. Uno de sus posibles integrantes, Federico Sturzenegger, dio pistas de una alternativa al ajuste del gasto para financiar la rebaja impositiva, al indicar que Argentina deberá “cubrir ese déficit con algún tipo de endeudamiento”. En su recomendación, el economista que participó del Megacanje en tiempos de la Alianza sigue los lineamientos de política que precisó su maestro Domingo Cavallo en una reciente conferencia en la Universidad Católica Argentina. En ese ámbito, el creador y sepulturero de la Convertibilidad recomendó salir de la estanflación mediante una rebaja impositiva financiada con endeudamiento externo.
Ese plan económico tiene como principal escollo la barrera para acceder a los mercados financieros de deuda que montaron los fondos buitre con el fallo Griesa. Cumplir con esa sentencia para “volver a los mercados” significa dar marcha atrás con los logros en materias de desendeudamiento de la última década, tanto por la extensión del fallo al resto de los holdouts como por una posible activación de la cláusula RUFO para quienes ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. Las declaraciones de Macri indicando que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”, exponen que está dispuesto a aceptar esas condiciones.
Mito completo: Desfinanciar las cuentas públicas.
jueves, 11 de septiembre de 2014
Mito económico (Página/12-Cash): Impuesto, deuda y devaluación.
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PRO
“Moneda sana”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
La reaparición del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en medios televisivos y conferencias con la excusa de presentar su último libro no ha dejado de desatar polémica. Uno de los escándalos que más repercusión mediática tuvieron fue el de los huevos que un grupo de militantes le arrojó sin puntería, en el marco de una conferencia que transcurría en la Universidad Católica Argentina. El asunto de los huevazos tapó el tema de la conferencia, donde el ex ministro disertó acompañado de Javier González Fraga, ex presidente del BCRA a comienzos del menemismo y candidato a vice de Ricardo Alfonsín en 2011, y Mario Blejer, ex hombre del FMI y del Banco Mundial, presidente del BCRA durante el mandato de Duhalde y actual asesor de Scioli en temas económicos, que se ausentó de la conferencia alegando motivos de salud.
El tema de la conferencia del creador y sepulturero de la convertibilidad fue sobre la “moneda sana”. El tópico remite a una de las conferencias que Raúl Prebisch dictó en 1955, “Moneda sana o inflación incontrolable”, en su papel de asesor del dictador Aramburu tras el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Perón. Sea premeditado o mera coincidencia, el tópico de la estabilidad monetaria ha sido una de las espadas que los liberales han alzado a lo largo de la historia para enfrentar a los gobiernos de base popular desgastados por la inflación. De acuerdo con el diagnóstico conservador, la suba de los precios se vincula con una emisión monetaria excesiva realizada para financiar políticas populistas.
Mito completo: Impuesto, deuda y devalución.
lunes, 1 de septiembre de 2014
En Tiempo Argentino: El PRO intentó desplazar a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
Fernanda Inza, subsecretaria académica, ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y militante activa del PRO, es señalada por el asedio al profesor Andrés Asiaín. Se trata de un economista con ideas opuestas a las del decano, también macrista.
El intento de cierre del curso de Crecimiento Económico a cargo del economista Andrés Asiaín, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sembró dudas acerca de la libertad ideológica que permite su rectorado. La subsecretaria académica, Fernanda Inza, fue señalada por Asiaín como la responsable del cambio de horario de la cursada de manera inconsulta y adrede. Ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y militante activa del PRO, Inza fue elegida para desempeñar ese cargo por el decano José Luis Giusti, candidato a legislador por el macrismo en el 2009 y ex presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas (CECE) Nuevo Espacio. El CECE fue la ex Franja Morada, ala estudiantil de la Unión Cívica Radical que durante los ’90 siguió los lineamientos de la Ley de Educación Superior menemista basada en la privatización de la enseñanza. En una nota realizada por Miradas al Sur, Asiaín explíca los motivos del intento de cierre.
–¿Cuál cree que fue el motivo de intentar cambiar el horario del curso que tiene a cargo?
–Primero quiero aclarar que, el miércoles pasado, me llamó el decano de la facultad, José Luis Giusti, para solucionar el conflicto y restituir el horario en el que estaba dictando clases, de 17 a 19. Me enteré de la movida luego de que se realizaran las inscripciones. Sin ninguna consulta previa y con total arbitrariedad, cambiaron el horario a las 15, por lo que no podía asistir. El argumento que escuché fue que faltaban aulas Sin embargo, la sala que se me asignó se encuentra vacía en el horario de la cursada y, también, hay otros recintos desocupados. Al enterarme del cambio, lo primero que hice junto a la Asociación Gremial Docente es intentar que reabrieran el curso en su horario habitual, pero no tuve ninguna respuesta de parte de las autoridades. La responsable de esta medida inconsulta fue la subsecretaria académica, Fernanda Inza. Desde que llegó comenzaron los conflictos y los agravios a mi persona, así como también hacia otros docentes. Está claro que quiere sólo su manera de pensar dentro de la universidad.
–¿El decano de la facultad podría haber desconocido la disposición de la subsecretaria académica?
–Se supone que está al tanto de los horarios y días en que cada profesor dicta clases, así como también de las modificaciones y sus consensos. Es muy difícil que no haya estado al tanto de lo que sucedía.
Fuente: El PRO intentó desplazar a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
El intento de cierre del curso de Crecimiento Económico a cargo del economista Andrés Asiaín, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sembró dudas acerca de la libertad ideológica que permite su rectorado. La subsecretaria académica, Fernanda Inza, fue señalada por Asiaín como la responsable del cambio de horario de la cursada de manera inconsulta y adrede. Ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y militante activa del PRO, Inza fue elegida para desempeñar ese cargo por el decano José Luis Giusti, candidato a legislador por el macrismo en el 2009 y ex presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas (CECE) Nuevo Espacio. El CECE fue la ex Franja Morada, ala estudiantil de la Unión Cívica Radical que durante los ’90 siguió los lineamientos de la Ley de Educación Superior menemista basada en la privatización de la enseñanza. En una nota realizada por Miradas al Sur, Asiaín explíca los motivos del intento de cierre.
–¿Cuál cree que fue el motivo de intentar cambiar el horario del curso que tiene a cargo?
–Primero quiero aclarar que, el miércoles pasado, me llamó el decano de la facultad, José Luis Giusti, para solucionar el conflicto y restituir el horario en el que estaba dictando clases, de 17 a 19. Me enteré de la movida luego de que se realizaran las inscripciones. Sin ninguna consulta previa y con total arbitrariedad, cambiaron el horario a las 15, por lo que no podía asistir. El argumento que escuché fue que faltaban aulas Sin embargo, la sala que se me asignó se encuentra vacía en el horario de la cursada y, también, hay otros recintos desocupados. Al enterarme del cambio, lo primero que hice junto a la Asociación Gremial Docente es intentar que reabrieran el curso en su horario habitual, pero no tuve ninguna respuesta de parte de las autoridades. La responsable de esta medida inconsulta fue la subsecretaria académica, Fernanda Inza. Desde que llegó comenzaron los conflictos y los agravios a mi persona, así como también hacia otros docentes. Está claro que quiere sólo su manera de pensar dentro de la universidad.
–¿El decano de la facultad podría haber desconocido la disposición de la subsecretaria académica?
–Se supone que está al tanto de los horarios y días en que cada profesor dicta clases, así como también de las modificaciones y sus consensos. Es muy difícil que no haya estado al tanto de lo que sucedía.
Fuente: El PRO intentó desplazar a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
domingo, 31 de agosto de 2014
Mitos económicos (Página/12-Cash): Antecedentes internacionales de la regulación estatal.
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consumidor,
márgenes,
Mercado,
precios
“Ley antiempresas”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, más conocida como de Abastecimiento, no ha dejado de sumar voces críticas en el establishment económico y sus representantes mediáticos y políticos. “No es atacando a las empresas como se defiende el trabajo”, se expresó el diputado conservador Sergio Massa, para luego indicar que su bloque del Frente Renovador votaría en contra de una ley que “ya fracasó en Venezuela”. El carácter chavista de la medida fue denunciado por empresarios y medios ultraconservadores que hasta llegaron a señalar que la reciente reunión del hijo del presidente venezolano Maduro con algunos diputados del FpV se trataba de un “entrenamiento” para la aplicación de los controles estatales sobre las empresas.
Más allá de las especulaciones sobre la influencia chavista en nuestro país, lo cierto es que el origen de la Ley de Abastecimiento es del tercer gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Esa ley peronista fue dictada el 25 de junio de 1974, varias décadas antes de que el comandante Chávez iniciara su Revolución Bolivariana, por lo que difícilmente pueda atribuirse a dicha doctrina su inspiración, excepto que se piense “que seamos chavistas hace 40 años”, tal como afirmó el secretario de Comercio, Augusto Costa. Por otro lado, medidas similares se aplican en diversos países, como el caso de las leyes antimonopolio de Estados Unidos –Ley Sherman (1890) y Clayton (1914)– y la Unión Europea (artículos 101 y 102 del Tratado Europeo), que aplican sanciones y obligan a dividir empresas cuando éstas toman una posición dominante en el mercado y/o elevan artificialmente los precios.
También en España se permite al Estado fijar precios, márgenes para evitar perturbaciones importantes en el mercado (Real Decreto Legislativo 1/2007). La Constitución mexicana establece, en su artículo 28, “bases para que se señalen precios máximos a los artículos o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, con el fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios”. En Brasil se establecen sanciones que alcanzan el arresto por un período de seis meses a dos años (Código de Defensa del Consumidor) y hasta el tribunal supremo de Chile avaló el pago de las multas previamente a cualquier instancia judicial, indicando que “constituye un incentivo efectivo para que las empresas mejoren la coordinación y la seguridad del sistema”.
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, más conocida como de Abastecimiento, no ha dejado de sumar voces críticas en el establishment económico y sus representantes mediáticos y políticos. “No es atacando a las empresas como se defiende el trabajo”, se expresó el diputado conservador Sergio Massa, para luego indicar que su bloque del Frente Renovador votaría en contra de una ley que “ya fracasó en Venezuela”. El carácter chavista de la medida fue denunciado por empresarios y medios ultraconservadores que hasta llegaron a señalar que la reciente reunión del hijo del presidente venezolano Maduro con algunos diputados del FpV se trataba de un “entrenamiento” para la aplicación de los controles estatales sobre las empresas.
Más allá de las especulaciones sobre la influencia chavista en nuestro país, lo cierto es que el origen de la Ley de Abastecimiento es del tercer gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Esa ley peronista fue dictada el 25 de junio de 1974, varias décadas antes de que el comandante Chávez iniciara su Revolución Bolivariana, por lo que difícilmente pueda atribuirse a dicha doctrina su inspiración, excepto que se piense “que seamos chavistas hace 40 años”, tal como afirmó el secretario de Comercio, Augusto Costa. Por otro lado, medidas similares se aplican en diversos países, como el caso de las leyes antimonopolio de Estados Unidos –Ley Sherman (1890) y Clayton (1914)– y la Unión Europea (artículos 101 y 102 del Tratado Europeo), que aplican sanciones y obligan a dividir empresas cuando éstas toman una posición dominante en el mercado y/o elevan artificialmente los precios.
También en España se permite al Estado fijar precios, márgenes para evitar perturbaciones importantes en el mercado (Real Decreto Legislativo 1/2007). La Constitución mexicana establece, en su artículo 28, “bases para que se señalen precios máximos a los artículos o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, con el fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios”. En Brasil se establecen sanciones que alcanzan el arresto por un período de seis meses a dos años (Código de Defensa del Consumidor) y hasta el tribunal supremo de Chile avaló el pago de las multas previamente a cualquier instancia judicial, indicando que “constituye un incentivo efectivo para que las empresas mejoren la coordinación y la seguridad del sistema”.
Mito completo: Antecedentes internacionales de la regulación estatal.
En Perfil: Inyectarán $ 100 mil millones para salvar el año.
Sin dólares externos por el default y con urgencia por reactivar la economía, el Gobierno apelará a una receta conocida. Impulsar la actividad con fondos públicos. Para hacerlo, el Gobierno volcará entre $ 80 mil y $ 100 mil millones a la calle en los últimos dos meses del año, con lo que casi triplicaría la expansión monetaria del mismo bimestre del año pasado. Mientras en Economía rechazan que más emisión impacte en los precios, varios economistas advierten que podría sumarse presión sobre la inflación que ya está en el 35% anual, y sobre la cotización del dólar paralelo, que mañana arrancará la semana cerca de $ 15.
El economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges) y profesor de la UBA Ernesto Mattos consideró, en tanto, que la cuestión de la emisión de fin de año no es el tema más importante de la economía actual, sino el devenir de la reestructuración de deuda y pelea contra los fondos buitre. “Hay que ver cómo termina el año en cuanto a la expansión de la base monetaria –o la retracción–. Pero lo central es ver cómo siguen las variables reales. Se sigue desacelerando la industria, la construcción”, detalló. Mattos reconoce que todavía el debate sobre la suba de tasas no está saldado. “La tasa que más afecta es la de adelanto de cuenta corriente a las pymes. Subir las tasas ahí quizás afecta a uno de los sectores que más influye en la economía y en la generación de empleo”, apunta, en línea con lo que podría esgrimir el ministro de Economía.
El economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges) y profesor de la UBA Ernesto Mattos consideró, en tanto, que la cuestión de la emisión de fin de año no es el tema más importante de la economía actual, sino el devenir de la reestructuración de deuda y pelea contra los fondos buitre. “Hay que ver cómo termina el año en cuanto a la expansión de la base monetaria –o la retracción–. Pero lo central es ver cómo siguen las variables reales. Se sigue desacelerando la industria, la construcción”, detalló. Mattos reconoce que todavía el debate sobre la suba de tasas no está saldado. “La tasa que más afecta es la de adelanto de cuenta corriente a las pymes. Subir las tasas ahí quizás afecta a uno de los sectores que más influye en la economía y en la generación de empleo”, apunta, en línea con lo que podría esgrimir el ministro de Economía.
Nota completa: Inyectarán $ 100 mil millones para salvar el año.
En Infojus Noticias: El proyecto de pago soberano de la deuda cambia el agente fiduciario
El jefe de Gabinete y los economistas Mattos y D'atelli cuestionaron la posición del juez estadounidense que calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano que el gobierno envió al Congreso. "No hay forma de aplicar la figura del desacato para un país soberano". dijo D´atelli.
Por su parte, el economista Ernesto Mattos dijo hoy que el juez Thomas Griesa no puede decir que el proyecto (de cambiar el agente fiduciario y la sede de pago a los bonistas) es ilegal porque él está ocupando el lugar de un imperio, y además "no puede calificar de esa manera a algo que se vota en un Congreso con diputados y senadores elegidos por el pueblo".
En diálogo con Télam, agregó que "es el mismo Estado Argentino el que tiene la obligación de proponer otra entidad financiera de pago si la propuesta, que es el Banco de Nueva York, está incumpliendo".
"Con el proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda en ningún momento se está rompiendo un contrato ni cambiando las reglas del juego, al contrario, la Argentina propone seguir adelante con lo que ya se había acordado", apuntó el profesor universitario.Asimismo, dijo que el país "también busca que el 7,6 por ciento de los bonistas que no había ingresado pueda hacerlo, y todo, de buena fe. Estamos dando una señal de buen pago a fin de asegurarles a los bonistas un 300 por ciento de ganancia, aunque está claro, que esa ganancia no será del 1.600 por ciento, como lo que buscan los buitres con el fallo".
Por su parte, el economista Ernesto Mattos dijo hoy que el juez Thomas Griesa no puede decir que el proyecto (de cambiar el agente fiduciario y la sede de pago a los bonistas) es ilegal porque él está ocupando el lugar de un imperio, y además "no puede calificar de esa manera a algo que se vota en un Congreso con diputados y senadores elegidos por el pueblo".
En diálogo con Télam, agregó que "es el mismo Estado Argentino el que tiene la obligación de proponer otra entidad financiera de pago si la propuesta, que es el Banco de Nueva York, está incumpliendo".
"Con el proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda en ningún momento se está rompiendo un contrato ni cambiando las reglas del juego, al contrario, la Argentina propone seguir adelante con lo que ya se había acordado", apuntó el profesor universitario.Asimismo, dijo que el país "también busca que el 7,6 por ciento de los bonistas que no había ingresado pueda hacerlo, y todo, de buena fe. Estamos dando una señal de buen pago a fin de asegurarles a los bonistas un 300 por ciento de ganancia, aunque está claro, que esa ganancia no será del 1.600 por ciento, como lo que buscan los buitres con el fallo".
martes, 26 de agosto de 2014
En el Suple-Eco (Tiempo Argentino): No hay obligación de acatar.
Por Martin Burgos.
El proyecto de ley que el gobierno propone debatir en el Congreso Nacional debe interpretarse como una jugada más en la partida de ajedrez que está librando con el juez Griesa y los fondos buitre.
Conviene recordar la partida para entender el movimiento: el juez de Nueva York hizo una mala jugada comprometiendo a terceros en discordia (el 92,4% de los bonistas que habían acordado con el gobierno argentino en la reestructuración de 2005 y 2010) y, por lo tanto, provocando incertidumbre donde antes no la había.
La posición de Griesa resultó ser insostenible, ya que entorpeció toda solución posible: Argentina se vio condicionada entre la cláusula RUFO que le impide pagarles a los fondos buitre antes de fin de año, y un "default judicial" que se le impedía pagarles a la gran mayoría de los bonistas.
Pero además esa posición era insostenible porque dejaba muchos flancos al descubierto –flancos que el gobierno argentino se dispuso a aprovechar con todas sus piezas, realizando una gran tarea para conseguir apoyos en los foros internacionales, denunciando la ilegitimidad de una deuda creada "judicialmente", forzando el juez a impedir que el BoNY le pagara a los bonistas y posibilitando la demanda de esos terceros en discordia contra el banco y contra la propia sentencia de Griesa.
El proyecto de ley que el gobierno propone debatir en el Congreso Nacional debe interpretarse como una jugada más en la partida de ajedrez que está librando con el juez Griesa y los fondos buitre.
Conviene recordar la partida para entender el movimiento: el juez de Nueva York hizo una mala jugada comprometiendo a terceros en discordia (el 92,4% de los bonistas que habían acordado con el gobierno argentino en la reestructuración de 2005 y 2010) y, por lo tanto, provocando incertidumbre donde antes no la había.
La posición de Griesa resultó ser insostenible, ya que entorpeció toda solución posible: Argentina se vio condicionada entre la cláusula RUFO que le impide pagarles a los fondos buitre antes de fin de año, y un "default judicial" que se le impedía pagarles a la gran mayoría de los bonistas.
Pero además esa posición era insostenible porque dejaba muchos flancos al descubierto –flancos que el gobierno argentino se dispuso a aprovechar con todas sus piezas, realizando una gran tarea para conseguir apoyos en los foros internacionales, denunciando la ilegitimidad de una deuda creada "judicialmente", forzando el juez a impedir que el BoNY le pagara a los bonistas y posibilitando la demanda de esos terceros en discordia contra el banco y contra la propia sentencia de Griesa.
Opinión completa: No hay obligación de acatar.
Mito economico (Página12-Cash): Abastecimiento del mercado
“Precios máximos y escasez”
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
La nueva ley de abastecimiento económico, que forma parte del paquete de leyes en defensa del consumidor que presentó el oficialismo para su tratamiento en el Congreso Nacional, ha sido rechazada por el establishment en forma unánime. Así lo expresaron en un comunicado los titulares de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. En el mismo indican que ese proyecto de ley no genera “confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico” y que terminará “fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos”.
Que una ley destinada a garantizar el normal abastecimiento del mercado sin abusos en el establecimiento de los precios sea acusada de generar desabastecimiento y subas de precios parece un contrasentido. Sin embargo, no falta la teoría económica que lo respalde, al indicar que el Estado, en su intento de fijar un precio máximo, interfiriendo en las señales de mercado, termina provocando una retracción de la oferta de bienes que deriva en el desabastecimiento y una posterior suba de precios. Lo que pasan por alto esos popes empresariales es que dichas teorías sostienen que ése es el caso de los mercados competitivos donde las empresas producen lo máximo que pueden vendiendo a un precio que alcanza a cubrir los costos y una ganancia mínima empresarial. En esa situación, la imposición de un precio menor al de mercado no permite que las empresas cubran sus costos mínimos y provoca que terminen abandonando el mercado. El caso es distinto, aun para la teoría ortodoxa, cuando se trata de mercados mono u oligopólicos, donde las grandes empresas regulan las cantidades vendidas para generar alzas de precios que les brinden ganancias extraordinarias. En esa situación, la imposición de un precio máximo que permita cubrir los costos de producción junto a una ganancia normal impide la obtención de rentas extraordinarias especulando con alzas de precios provocadas por la restricción artificial de la producción. De esa manera, se genera un marco institucional que estimula a las empresas a competir por calidad produciendo de acuerdo con sus capacidades productivas.
Por Andrés Asiain y Lorena Putero
La nueva ley de abastecimiento económico, que forma parte del paquete de leyes en defensa del consumidor que presentó el oficialismo para su tratamiento en el Congreso Nacional, ha sido rechazada por el establishment en forma unánime. Así lo expresaron en un comunicado los titulares de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. En el mismo indican que ese proyecto de ley no genera “confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico” y que terminará “fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos”.
Que una ley destinada a garantizar el normal abastecimiento del mercado sin abusos en el establecimiento de los precios sea acusada de generar desabastecimiento y subas de precios parece un contrasentido. Sin embargo, no falta la teoría económica que lo respalde, al indicar que el Estado, en su intento de fijar un precio máximo, interfiriendo en las señales de mercado, termina provocando una retracción de la oferta de bienes que deriva en el desabastecimiento y una posterior suba de precios. Lo que pasan por alto esos popes empresariales es que dichas teorías sostienen que ése es el caso de los mercados competitivos donde las empresas producen lo máximo que pueden vendiendo a un precio que alcanza a cubrir los costos y una ganancia mínima empresarial. En esa situación, la imposición de un precio menor al de mercado no permite que las empresas cubran sus costos mínimos y provoca que terminen abandonando el mercado. El caso es distinto, aun para la teoría ortodoxa, cuando se trata de mercados mono u oligopólicos, donde las grandes empresas regulan las cantidades vendidas para generar alzas de precios que les brinden ganancias extraordinarias. En esa situación, la imposición de un precio máximo que permita cubrir los costos de producción junto a una ganancia normal impide la obtención de rentas extraordinarias especulando con alzas de precios provocadas por la restricción artificial de la producción. De esa manera, se genera un marco institucional que estimula a las empresas a competir por calidad produciendo de acuerdo con sus capacidades productivas.
Mito completo: Abastecimiento del mercado
En Radio Gráfica. Debate sobre economía: Las decisiones soberanas no tienen marcha atrás.
Patria Grande Latinoamericana realizó un especial dedicado a la economía. Fondos buitres, soberanía nacional y panorama actual del país fueron los ejes del programa.
Oscar Gómez, referente del Movimiento de Periodistas Peronistas; Sebastián Nader, integrante de la mesa de economía del Movimiento Evita; y Ernesto Mattos, economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, conversaron con Gabriel Fernández y Jorge Thierbach en el aire de Radio Gráfica.
En primer lugar, se pronunciaron acerca del conflicto con los fondos buitres. En esa línea, Oscar Gómez consideró que “estamos discutiendo la soberanía del país” y replicó “cuando tomás una decisión política sobre un hecho económico no se puede cambiar a mitad de camino”. También, destacó los respaldos internacionales que acompañan la disputa Argentina tales como las pronunciaciones de UNASUR, CELAC y G 77 + China, entre otros.
Ernesto Mattos, se refirió a las industrias y a la actualidad de los trabajadores. Sobre cómo se comportan los principales líderes empresariales del país, disparó que “todos los gerentes que se crearon a lo largo de la historia son más proclives a hacer negocios con el exterior que a pensar en una industria nacional y eso es lo que representa la UIA en la Argentina”.
“Lo único que hicieron desde 2003 al 2008 fue acumular ganancias”. Después “empezaron a fugar los capitales porque ya se han favorecido del primer ciclo de crecimiento”, concluyó Mattos.
Oscar Gómez, referente del Movimiento de Periodistas Peronistas; Sebastián Nader, integrante de la mesa de economía del Movimiento Evita; y Ernesto Mattos, economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, conversaron con Gabriel Fernández y Jorge Thierbach en el aire de Radio Gráfica.
En primer lugar, se pronunciaron acerca del conflicto con los fondos buitres. En esa línea, Oscar Gómez consideró que “estamos discutiendo la soberanía del país” y replicó “cuando tomás una decisión política sobre un hecho económico no se puede cambiar a mitad de camino”. También, destacó los respaldos internacionales que acompañan la disputa Argentina tales como las pronunciaciones de UNASUR, CELAC y G 77 + China, entre otros.
Ernesto Mattos, se refirió a las industrias y a la actualidad de los trabajadores. Sobre cómo se comportan los principales líderes empresariales del país, disparó que “todos los gerentes que se crearon a lo largo de la historia son más proclives a hacer negocios con el exterior que a pensar en una industria nacional y eso es lo que representa la UIA en la Argentina”.
“Lo único que hicieron desde 2003 al 2008 fue acumular ganancias”. Después “empezaron a fugar los capitales porque ya se han favorecido del primer ciclo de crecimiento”, concluyó Mattos.
viernes, 22 de agosto de 2014
En Télam: Gobierno y economistas cuestionaron la posición de Griesa sobre el pago soberano.
El jefe de Gabinete y los economistas Mattos y D'atelli cuestionaron los conceptos del juez estadounidense quien calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano enviado por el gobierno al Congreso.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los economistas Ernesto Mattos y Agustín D'atelli cuestionaron hoy los conceptos del juez estadounidense Thomas Griesa, quien calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano enviado por el gobierno al Congreso Nacional, que modifica el agente fiduciario y da la opción de cambiar la sede de pago a los bonistas.
Por su parte, el economista Ernesto Mattos dijo hoy que el juez Thomas Griesa no puede decir que el proyecto (de cambiar el agente fiduciario y la sede de pago a los bonistas) es ilegal porque él está ocupando el lugar de un imperio, y además "no puede calificar de esa manera a algo que se vota en un Congreso con diputados y senadores elegidos por el pueblo".
En diálogo con Télam, agregó que "es el mismo Estado Argentino el que tiene la obligación de proponer otra entidad financiera de pago si la propuesta, que es el Banco de Nueva York, está incumpliendo".
"Con el proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda en ningún momento se está rompiendo un contrato ni cambiando las reglas del juego, al contrario, la Argentina propone seguir adelante con lo que ya se había acordado", apuntó el profesor universitario.
Asimismo, dijo que el país "también busca que el 7,6 por ciento de los bonistas que no había ingresado pueda hacerlo, y todo, de buena fe. Estamos dando una señal de buen pago a fin de asegurarles a los bonistas un 300 por ciento de ganancia, aunque está claro, que esa ganancia no será del 1.600 por ciento, como lo que buscan los buitres con el fallo".
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los economistas Ernesto Mattos y Agustín D'atelli cuestionaron hoy los conceptos del juez estadounidense Thomas Griesa, quien calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano enviado por el gobierno al Congreso Nacional, que modifica el agente fiduciario y da la opción de cambiar la sede de pago a los bonistas.
Por su parte, el economista Ernesto Mattos dijo hoy que el juez Thomas Griesa no puede decir que el proyecto (de cambiar el agente fiduciario y la sede de pago a los bonistas) es ilegal porque él está ocupando el lugar de un imperio, y además "no puede calificar de esa manera a algo que se vota en un Congreso con diputados y senadores elegidos por el pueblo".
En diálogo con Télam, agregó que "es el mismo Estado Argentino el que tiene la obligación de proponer otra entidad financiera de pago si la propuesta, que es el Banco de Nueva York, está incumpliendo".
"Con el proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda en ningún momento se está rompiendo un contrato ni cambiando las reglas del juego, al contrario, la Argentina propone seguir adelante con lo que ya se había acordado", apuntó el profesor universitario.
Asimismo, dijo que el país "también busca que el 7,6 por ciento de los bonistas que no había ingresado pueda hacerlo, y todo, de buena fe. Estamos dando una señal de buen pago a fin de asegurarles a los bonistas un 300 por ciento de ganancia, aunque está claro, que esa ganancia no será del 1.600 por ciento, como lo que buscan los buitres con el fallo".
jueves, 21 de agosto de 2014
En Página/12: La inmunidad de los buitres
Por Rodrigo López.
La sanción de la ley sobre inmunidades de los bancos
centrales extranjeros y la demanda contra Estados Unidos en la Corte de
La Haya expresan la desconfianza que irradia la propia Justicia
norteamericana. La historia doctrinaria del país del Norte da cuenta de
sus transformaciones como potencia. Curiosamente, su jurisprudencia está
íntimamente ligada a nuestro país. En 1812, la Corte Suprema de Estados Unidos dio nacimiento a la
soberanía absoluta al no dar lugar a una demanda que hubiera implicado
quitarle un barquito de guerra a Napoleón. Durante la vigencia de esta
doctrina, la Corte trató de seguir los lineamientos del Departamento de
Estado, con el fin de no interferir en su diplomacia. Luego de la
Revolución Rusa, la crisis del ‘30 y la Segunda Guerra Mundial, los
países capitalistas comenzaron a enfrentar los dilemas que les
planteaban las empresas estatales. Estados Unidos comenzó a cambiar
hacia una doctrina de inmunidad restrictiva, consagrada en 1952 por la
“carta Tate”. Ello les permitió a los jueces ir ganando
discrecionalidad, separando sus decisiones del compromiso de los
Estados.
Finalmente, en 1976 se estableció la FSIA (Foreign Sovereign
Immunities Act), obedeciendo a las transformaciones de la economía
global. La ruptura del régimen de pagos internacionales del Bretton
Woods por parte de Estados Unidos llevó a una preeminencia del capital
financiero internacional. La nueva legislación se adecuó a sus
prerrogativas. Desde entonces, el capital financiero ha instalado una
verdadera industria del juicio, litigando contra los Estados y yendo por
los activos de sus bancos centrales.
En la Argentina –también en 1976–, la dictadura habilitó la
posibilidad de litigar en Nueva York. Al tiempo desencadenó un ciclo de
endeudamiento externo, acompañado de políticas que perjudicaban la
sostenibilidad externa, como ser la apertura comercial y la
liberalización de la cuenta de capital. La situación se complicó en los
’90, cuando la financiación del gobierno pasó de préstamos de bancos
extranjeros a la emisión de bonos soberanos. Desde entonces debimos
enfrentar litigios donde la inmunidad parece estar del lado de los
buitres.
Fuente: La inmunidad de los buitres
En Radio Nacional Tucumán: “No se está haciendo una ruptura de contrato, como cierto sector de la oposición dice”.
En el Congreso de la Nación se debatirá, antes del 30 de septiembre, el proyecto para pagarles a los bonistas en nuestro país. El tema deberá ser tratado con la mayor celeridad posible porque desde el 1 de octubre deberá estar vigente la iniciativa denominada “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, que fue enviado por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de kirchner. ” El procedimiento que está llevando adelante la Argentina justamente está en los acuerdos que se establecieron con los bonistas que entraron a la reestructuración. No se está haciendo una ruptura de contrato, como cierto sector de la oposición dice. Se están siguiendo las reglas que establece el contrato que se acordó con los bonistas”, manifestó el economista Ernesto Mattos.
En Diario Registrado: Un ''economista K'' demolió los argumentos de Cavallo en TN.
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El joven Andrés Asiaín, investigador económico y docente universitario, fue invitado a debatir en el canal del Grupo nada más y nada menos que con el exministro de Economía de la peor etapa de la historia del país. El resultado: un knock out antes de la campana.
Andrés Asiaín, presentado en el zócalo de TN como "Economista K", demolió a puro fundamento, con documentación y datos, al exministro de Economía.
Sobre el megacanje, Asian dijo: "Esas operaciones rozaron el delito, eso fue la retirada de los grandes bancos, y esos son dos ejes de problemas que tenemos hoy: el de los fondos buitres, y el déficit energético que presiona sobre la cuenta externa"
En temas como YPF-Repsol, de la electricidad, del petróleo, entre otros como la no exploración de Vaca Muerta, Asiaín refutó los dichos de Cavallo.
Télam: Economistas inauguraron el Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional.
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SADOP
Se trata del foro destinado participar en el debate y construcción de una estrategia económica a futuro alineada "con el proyecto nacional".
Entendemos que la economía es política; lejos de asustarnos, el conflicto nos motiva", expresó la economista Fernanda Vallejos, una de las referentes del espacio. Junto a su par,
Andrés Asiain, ambos encabezaron hoy la reunión inaugural realizada en el Sindicato de Docentes Privados (SADOP).
El grupo se propone debatir temas como política productivas, lucha distributiva y frente externo, a fin de presentar "un programa" entre fin de este año y comienzos del próximo.
Los fondos buitre y la Ley de abastecimiento son otros de los aspectos que integran el temario del foro.
"Hay un sector que está dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de volver a los mercados", afirmó Asiain durante el encuentro.
Entendemos que la economía es política; lejos de asustarnos, el conflicto nos motiva", expresó la economista Fernanda Vallejos, una de las referentes del espacio. Junto a su par,
Andrés Asiain, ambos encabezaron hoy la reunión inaugural realizada en el Sindicato de Docentes Privados (SADOP).
El grupo se propone debatir temas como política productivas, lucha distributiva y frente externo, a fin de presentar "un programa" entre fin de este año y comienzos del próximo.
Los fondos buitre y la Ley de abastecimiento son otros de los aspectos que integran el temario del foro.
"Hay un sector que está dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de volver a los mercados", afirmó Asiain durante el encuentro.
viernes, 1 de agosto de 2014
En InfoJus: El día después de la última reunión con los fondos buitres.
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Vanoli
“Los problemas económicos reales se resuelven fronteras adentro"
Lo dijo Aldo Ferrer, que junto con otros cinco economistas consultados por Infojus Noticias, analizaron los posibles escenarios tras el rechazo de los fondos buitre a la propuesta argentina. Desalentaron una mirada catastrófica sobre el tema.
Lo dijo Aldo Ferrer, que junto con otros cinco economistas consultados por Infojus Noticias, analizaron los posibles escenarios tras el rechazo de los fondos buitre a la propuesta argentina. Desalentaron una mirada catastrófica sobre el tema.
La negativa de los fondos buitres a aceptar las propuestas de la
Argentina para suspender la aplicación de la sentencia que dictó el juez
Thomas Griesa y el rechazo a la oferta de ingresar al canje de deuda en
la misma condiciones que los bonistas que adhirieron en 2005 y 2010
configuran un nuevo escenario: concluyó ayer el plazo para que los
bonistas reestructurados cobren los créditos que vencieron hace un mes.
El país cumplió con su parte y depositó los fondos para el pago en el
Bank of New York (BoNY), pero el bloqueo impuesto por el juez
estadounidense impide que se concrete la operación. Seis economistas
explicaron a Infojus Noticias los
alcances de una situación que calificadoras de riesgo, medios, voceros y
representantes del establishment financiero describen como un eventual
default. Lo desmintieron y señalaron que “los problemas de la economía
real, como la inflación o la necesidad de reforzar las políticas de
crecimiento, se solucionan fronteras adentro y no mágicamente si se
hubiera accedido a las pautas fijadas por el juez norteamericano”.
Los consultados fueron el titular de la Comisión Nacional de Valores
Alejandro Vanoli; los economistas del Plan Fénix, Abraham Gak y Aldo
Ferrer; el experto en comercio exterior Ariel Slipak; el coordinador del
departamento de economía del Centro Cultural de la Cooperación, Martín
Burgos; y el sociólogo y licenciado en economía y docente de la cátedra
Nacional de Economía Arturo Jauretche, Rodrigo López, quien advirtió que
este muestra “la falta de un órgano jurídico internacional para atender
a estas cuestiones”.
Rodrigo López recordó que “la economía argentina ha sufrido un default
mucho más fuerte en el 2001 y con un escenario macroeconómico muchísimo
más complicado” y coincidió con sus colegas en que el modelo vigente no
está parado sobre el endeudamiento externo, sino más bien sobre el
desendeudamiento. “Lo que se corta, en todo caso, es la posibilidad de
que entren nuevos capitales financieros”, aclaró. “El gobierno argentino
no va a pagar nada a los buitres, al menos hasta el 2015 –dijo López. Y
agregó: los buitres pueden esperar, se dedican a esperar. Y el gobierno
ha estado más de una década en default, así que unos meses más no le va
a cambiar mucho la situación”.
En ese mismo sentido, el titular del departamento de economía del Centro
Cultural de la Cooperación, volvió sobre la idea del default. El
investigador advirtió que “si Griesa nunca hubiese metido a los terceros
(los bonistas del canje) en el medio, no habría default, se seguiría
negociando”. Pero también advirtió que el juez neoyorquino no está solo,
lo apoyó la Corte de Apelaciones e implícitamente la Corte Suprema de
Estados Unidos. “No es un trasnochado, se está generando una nueva
jurisprudencia para países que defaultean y hacen una reestructuración
por fuera de lo que es la recomendación del FMI”, dijo Burgos y advirtió
que el fallo abrió “grietas que son vacíos jurídicos que van a tener
efecto sobre futuras reestructuraciones de deuda”.
Entrevista completa: El día después de la última reunión con los fondos buitres.
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